ZAMORA. En lo que fue la casa-hogar de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco ya sólo quedan 221 personas, entre hombres, mujeres y niños que son originarios del estado de Michoacán o bien que no saben a dónde ir a vivir, no tienen definido su lugar de origen o presentan deficiencia mental.

Datos oficiales de las distintas dependencias federales que trabajan desde la semana pasada en el censo, atención, entrega y salida de las personas que habitaban este lugar, en Zamora, revelan que la mayor parte eran originarios de otros estados distintos a Michoacán.

De las 525 personas encontradas en el albergue La Gran Familia, 50 de Jalisco, 49 del Estado de México, 36 del DF, e incluso una persona que declaró ser de Texas, pero en 179 casos se desconoce su procedencia.

Por otra parte, 154 dijeron no tener familia y 51 haber permanecido por más de 10 años dentro de la casa-hogar en Zamora.

El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, realizó una visita exprés a este albergue, donde informó que permanecen aún 221 personas oriundas de Michoacán (140 hombres y 61 mujeres) y de ellos 15 personas, 10 mujeres y cinco hombres, presentan algún tipo de discapacidad física.

Dentro del albergue se encuentran todavía seis mujeres que tienen bebés.

Se prevé que este viernes sean traslados a la ciudad de Morelia a un albergue especial situado al noroeste de la ciudad.

Las personas que aún viven en este sitio no han sido entregadas formalmente a las autoridades de la entidad.

El comisionado federal señaló en entrevista con medios locales que será también la PGR la encargada de definir el destino del inmueble, que hasta hoy pertenece a Rosa Verduzco, quien regresó el miércoles pasado a esta ciudad, donde se encuentra internada en el Hospital San José, recuperándose del cateterismo que le practicaron en Zapopan, Jalisco.

Las instalaciones aún se encuentran custodiadas por un fuerte cerco militar y policiaco, mientras que la gente sigue recibiendo a sus familiares o en algunos casos buscándolos y esperando los resultados de las pruebas periciales, que establezcan un vinculo sanguíneo.

En la ciudad de México, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, advirtió que el caso de La Gran Familia es un “foco rojo” y que el gobierno federal debe revisar cómo operan este topo de instituciones en todo el territorio nacional.

“Hay un ‘foco rojo’ que nos obliga a todos a revisar las condiciones de instituciones como ésta, que claramente no es la única. Estamos trabajando ya en una estrategia”, aseguró el funcionario federal, quien rechazó que haya impunidad en el caso. (Con información de Alberto Morales y Juan Arvizu)