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Un grupo de indígenas mayos y yaquis de dos comunidades en los límites Sonora y Sinaloa integraron las Guardias Comunitarias de Autodefensa para buscar recuperar más de 2 mil hectáreas que —denunciaron— están en poder del crimen organizado, donde siembran trigo y maíz.

En una visita a EL UNIVERSAL, cuatro comandantes de las autodefensas narraron que formaron el grupo, que no está armado, ante lo que llamaron apatía de los gobiernos estatales y federal, así como de diputados y senadores, para que les restituyan sus tierras.

José Francisco Bustamante Villa, coordinador del grupo, explicó que en octubre de 2013 un juez les otorgó un amparo en definitiva para que la Dirección de Registro Agrario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que les regresaran las áreas de cultivo.

Sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta, por lo que informó que recurrieron a la Suprema Corte para que revise el caso, al considerar que se incurrió en desacato a una orden judicial.

Relató que en 1973 un grupo de 176 campesinos mayos y yaquis se establecieron en esa región y, mediante un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1978, se les concedió la propiedad de 2 mil 383 hectáreas de tierras productivas, con las respectivas escrituras.

Las comunidades quedaron asentadas como Agiabampo número 2, del municipio de Huatabampo, Sonora; y Micro-Ondas, del municipio El Fuerte, Sinaloa.

Señalaron que desde 1997 inició la invasión hormiga y al luchar por sus tierras, tuvieron que sortear diversos obstáculos, como el encarcelamiento de dos líderes en 2003, incluido Bustamante Villa, quienes fueron dejados en libertad al no acreditarse el delito de despojo.

Desde entonces comenzaron los litigios; ahora, dicen, las tierras las ocupa el crimen, pues el cultivo de trigo y maíz es redituable. Estiman que se pueden cosechar 8 toneladas del primer grano por hectárea, a un costo de 3 mil pesos por tonelada y de maíz hasta 10 toneladas.

Comentaron que sí les da temor enfrentarse a los delincuentes, pero advirtieron que de no recibir una respuesta positiva a sus demandas recurrirán a la vía armada.

Bustamante dijo que solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional los permisos correspondientes para portar armas de fuego y la respuesta de la dependencia fue que no se les puede otorgar como grupo, pero sí a nivel individual.