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Estados Unidos incurriría en una clara violación de sus obligaciones internacionales si consuma la ejecución del mexicano Édgar Tamayo Arias, sostuvo el gobierno de México mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que reiteró su rechazo a la aplicación de la pena de muerte y destacó que en coordinación con los abogados del sentenciado se han utilizado “todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles” para evitarlo.

En un comunicado, la SRE indicó que el gobierno de México se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena, por lo que del año 2000 a la fecha, con el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (MCLAP), ha logrado evitar o que se revirtiera la pena capital en 868 casos.

Sin embargo, en el caso de Tamayo Arias —sentenciado por el asesinato de un policía— los esfuerzos hasta el momento no han fructificado y su ejecución está fijada para el 22 de enero próximo, con lo que se convertiría en el tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del Fallo Avena.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia conocida como Fallo Avena, resolvió que EU está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos —incluido Édgar Tamayo— que fueron condenados a la pena capital por las violaciones existentes en su proceso, como no haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia y protección consular, como establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Por ello, ante la falta de revisión del proceso como ordenó la CIJ, la ejecución de Tamayo Arias sería “una clara violación por parte de EU a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena”, refirió la SRE.