El gobierno federal rechazó ayer las acusaciones del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, sobre la actuación de la federación en relación con el derrame en el río Sonora. “Las autoridades federales han actuado manera responsable, oportuna y con estricto apego al Derecho, y así continuaremos trabajando”, explicó el vocero presidencial Eduardo Sánchez.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que el nombramiento y permanencia de los delegados federales en Sonora es facultad exclusiva del Presidente de la República, y conminó al gobierno de Sonora a conducirse dentro del ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

Eduardo Sánchez y el procurador general de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Belchez, ofrecieron un informe pormenorizado de acciones coordinadas “antes, durante y con posterioridad” al desastre, en el que destacaron que la autoridad actuó con responsabilidad en este caso.

Al respecto, Haro Belchez recalcó que hay nueve denuncias que la Profepa atendió en su momento de manera adecuada.

Además, advirtió que en los próximos días se dará a conocer el monto de la reparación del daño tras el derrame de contaminantes al río de Sonora, el cual podría rebasar “los cientos o miles de millones de pesos en cantidades que tendrá que hacerse responsable la minera a corto, mediano y largo plazo”.

En la víspera, Padrés declaró representantes no válidos a los delegados estatales de la Profepa, Conagua y Semarnat, a quienes acusó de negligencia en el caso del derrame de desechos tóxicos de Grupo México, y demandó su renuncia.

Inspección de Conagua

Por otra parte, el director de la Conagua, David Korenfeld, aseguró que se verificará si la presa de jales de la minera Buenavista del Cobre cuenta con la respectiva concesión, pues de lo contrario la empresa será acreedora a sanciones económicas, a la clausura y hasta la demolición de la misma, conforme a lo que establece la ley.

El funcionario informó que, entre hoy y mañana, personal de este organismo hará una visita de inspección a la zona que resultó afectada tras el derrame.

En conferencia de prensa, el Korenfeld mostró a los medios de comunicación imágenes satelitales de la región que fueron tomadas entre enero de 2010 y marzo de 2012, a fin de poder determinar si ha habido escurrimientos en la cuenca y valorar los riesgos que podrían generar a la población.

“No estamos juzgando a nadie, estamos entregando la información que tenemos satelital, de cómo se construyó el cauce hasta este momento, invitamos a todas las partes a entregar todos los documentos para comprobar si hay o no violaciones a la ley”, manifestó el funcionario federal.

El titular de la Conagua indicó que, de esta manera, con la visita se podrá determinar si además del permiso para emplear los pozos como lo establece la Ley de Aguas Nacionales, la obra de la empresa en sí no causa daños a terceros, pues de ser necesario se podría en todo caso determinar su demolición.

Comentó que, de acuerdo con ese ordenamiento, se tendrá que inspeccionar si la empresa minera cuenta con una concesión para el empleo de agua subterránea o superficial y si tiene permisos para hacer perforaciones.

De cualquier forma, indicó que se solicitó la información respectiva al propietario de la minera.

Explicó que en caso de que no cuenten con los permisos o afecten a terceros, “se actuará conforme a la ley con la clausura, la liberación de recursos de agua a los usuarios que tienen el derecho y se ordenará la demolición de la presa”.

Aclaró que no se dará cabida a especulaciones y que en todo momento, como hasta ahora lo ha hecho el gobierno federal, se actuará con apego al derecho.

Entrega de recursos

En otro orden de asuntos, se informó que el Grupo México canalizará, a través de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), 10 millones de pesos para ganaderos de la región del río Sonora.

El presidente de la UGRS, Luis Sierra Maldonado, dio a conocer que la entrega de los recursos económicos se realizará para que los rancheros hagan frente a los gastos y pérdidas ocasionadas por la contingencia ambiental que se vive en esa región.

En entrevista, el representante de los ganaderos recordó que en una primera etapa el consorcio minero destinó 5.7 millones de pesos para apoyar a unos 500 productores de la zona afectada.