estados@eluniversal.com.mx 

SALTILLO

“Esa primera noche casi no puede dormir de emoción y alegría; me despertaba a cada rato”, recuerda Gustavo Alberto Villa Robledo, 32 años de edad, quien el 19 de mayo pasado recibió el beneficio de preliberación condicionada y cambió de domicilio, ahora vive en una “prisión virtual”.

Desde un lugar resguardado por la policía, el joven convicto, quien utiliza un grillete en uno de sus tobillos, es vigilado vía satelital —con equipo importado desde Israel— por personal especializado las 24 horas, sin salir de su lugar de reclusión: su casa.

Lo primero que hace al despertar es agarrar el dispositivo portátil —como un radio del tamaño de un teléfono celular— y oprimir el botón para avisar a sus custodios: “Buenos días, soy Gustavo, hablo para reportarme, estoy bien”, dice a quien lo supervisa a distancia, en cualquier momento del día o la noche si se requiere.

Asegura que “ni loco” intentaría quitarse el grillete, las autoridades penitenciarias le advirtieron que si trata de manipularlo de inmediato se activaría el “Código Rojo” de emergencias y en menos de tres minutos llegaría por él la policía y lo llevarían de regreso al reclusorio.

EL UNIVERSAL conoció el mecanismo de custodia del “Monitoreo Electrónico” que opera un grupo de profesionistas a través de un visor especial y una serie de medidas para garantizar que no intentará escapar; mientras duerme también lo están “checando” y sólo puede salir con permiso especial para acudir a la revisión médica, porque padece dos enfermedades graves.

Toda el área que está alrededor del inmueble fue inspeccionada y se tienen señalados los “puntos de exclusión”, que son tiendas y expendios de vino y cerveza, pues tiene prohibido beber alcohol o drogarse, si lo hace automáticamente perdería el beneficio.

Aquí en Coahuila es el primer reo que obtuvo su libertad anticipada condicionada y abandonó el penal de Saltillo con un grillete en el tobillo derecho, de ahí fue traído directamente a su vivienda, propiedad de su madre, donde vive con su mujer desde hace más de 11 años y sus dos hijas, Karla Guadalupe y Arlet, de cinco meses.

Mide 1.75 metros de estatura y pesa 63 kilos. Es muy delgado, cuando salió estaba un poco demacrado, “ahora se le ve más repuesto y sonriente”, comenta una de las abogadas del equipo que le supervisa en su domicilio.

La casa, ubicada en una colonia popular, es modesta, pero está muy limpia, asegura que él ayuda a mantenerla aseada, también cocina y ve las noticias en la televisión para no aburrirse. Aquí terminará de purgar su condena por el delito de robo agravado; de su sentencia de ocho años ya pagó cuatro años y ocho meses, le faltan tres años y dos meses, tiempo en que llevará el grillete.

“Nos rolamos y así caí...”

Gustavo Alberto, hijo de un policía ministerial fallecido hace tres años, platicó que empezó a drogarse desde los 14 años. Poco después dejó la escuela “por el vicio”, luego fue “pinche” de cocina, pero no logró su mayor anhelo: ser chef.

“Comencé a inhalar cocaína y después me inyectaba (heroína) en las noches, en mi cuarto, mis papás ni cuenta se daban, una vez andaba todo loco y me robé un camión”.

Fue a dar a la cárcel dos veces: la primera por el hurto del camión y la segunda por robo agravado con violencia, aunque no se acuerda ni cuánto dinero se llevó, fue en su encierro que, en revisión médica de rutina, se enteró que padecía VIH, enfermedad que le contagió a Mayra, su mujer desde hace 11 años.

Recuerda con tristeza que cuando ella lo supo se negó a verlo, pasó un año para que la señora lo asimilara, aceptara o resignara, y finalmente “sí me perdonó”.

Está contento porque los análisis clínicos que les acaban de hacer a sus dos niñas, de 11 años y cinco meses de edad fueron negativos.

Asegura también que en su encierro sí logró rehabilitarse y desde hace tres años que dejó las drogas.

El titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en el estado (UDEPRS), Apolonio Armenta Parga, dice que la decisión de otorgarle a Gustavo el beneficio de la preliberación fue criticada, sin embargo, señala que la decisión del juez de ejecución fue por razones humanitarias, debido a que además de VIH, padece Hepatitis C.

El pasado 19 de mayo el convicto cumplió un mes que dejó el centro penitenciario, tiempo fijado por las autoridades para que se adaptara a su nueva forma de vida y pueda trabajar. Ya tiene alguna ofertas de empleo que le consiguieron de la misma UDEPRS, y espera confiado, y un poco nervioso, que de un momento a otro le notifiquen que ha sido contratado.

Seguirán sus pasos

Para que salga a trabajar se le trazará una ruta y, con el dispositivo, le seguirán sus pasos de ida y regreso a su hogar. Lo que más desea es mantener a su familia y comprar una casa, porque siempre ha vivido en la de sus padres.

La esposa de Alberto trabaja en la elaboración de piñatas, sin embargo, gana poco y para no aburrirse él cocina y hace el quehacer. “Sí me estoy portando bien, pero ya quiero tener chamba”, asegura.

Armenta Parga precisó que el equipo de apoyo y vigilancia lo integran actualmente una abogada que funge como jefa de oficina, una trabajadora social, una sicóloga, ingenieros en sistemas computacionales (informática), elementos de seguridad y otros profesionistas muy capaces.

El sábado 6 de junio otro interno, Emilio Valdez Dimas, de 79 años, quien cumplirá 80 años el día 8 de agosto, fue el segundo reo en ser preliberado. El año y medio que le falta para terminar su condena de 13 años los pasará al lado de su familia, porque padece cáncer en el riñón, un tumor prostático y un absceso en el cuello y diabetes desde hace 22 años.

Apolonio Armenta apuntó que hasta el momento hay 67 expedientes que se encuentran en trámite, del primer bloque dos salieron y tres fueron rechazados, a uno le faltaban 27 días para cumplir los 70 años, otro no estaba tan enfermo como se creía y uno más no cumplía con los requisitos. Quedan 61 en revisión y la decisión es competencia de los jueces de ejecución.

La medida cautelar para sentenciados también aplica para quienes están sujetos a proceso penal bajo el esquema de juicios orales, lo que permitirá despresurizar las prisiones de Coahuila.

Hasta ahora Coahuila es una de las siete entidades del país que cuenta con el sistema de “Monitoreo Electrónico”, después del Estado de México, DF, Veracruz, Chihuahua, Querétaro y Jalisco.