Monterrey.— El Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide) presentó una iniciativa de reformas para sancionar a los partidos políticos que postulen candidatos a puestos de elección popular con vínculos con la delincuencia organizada y otras actividades ilícitas o “vulnerables”, sin importar que ganen o no el puesto en disputa, ya que de igual modo estarían inyectando recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales.

Ernesto Cerda Serna, director del Incide, propuso modificar la fracción IX y añadir la X al artículo 352 de la Ley Estatal Electoral, con el objetivo de ampliar las causales de sanción a los partidos políticos que ya pueden ir desde una multa, disminución o supresión de las prerrogativas, supresión de su registro hasta por tres años o cancelación definitiva del mismo.

Estas sanciones se contemplan para los institutos políticos que reciban donativos o aportaciones económicas provenientes de la delincuencia organizada o de personas sancionadas por delitos contra la salud (fracción VIII del artículo 351); o que incurran en cualquier violación a lo que está establecido en la presente Ley (fracción XI del mismo artículo).

Cerda propuso que dichas sanciones se apliquen además “cuando se demuestre cualquier tipo de relación con la delincuencia organizada o por personas relacionadas con delitos contra la salud (fracción IX reformada)”.

O se demuestre cualquier tipo de relación con personas físicas o morales que tengan relación con actividades vulnerables, las cuales consisten en actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos con la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y todas aquellas que constituyen instrumentos de almacenamiento de valor monetario, como de las tarjetas Monex o Soriana, que fueron utilizadas en el proceso de 2012.

“Es necesario prevenir, antes de que nos topemos con algo como lo que sucedió en Iguala (donde al ex alcalde José Luis Abarca y a su esposa —María de los Ángeles Pineda— se encuentran detenidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y a quienes además se les atribuye la autoría intelectual por la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa; amos están a la espera de ser procesados)”, dijo Cerda y agregó que por ya no tener aplicación esta posible reforma para las elecciones del siete de junio, de 2015, se solicitará a la Comisión Estatal Electoral que promueva un acuerdo entre todos los partidos, para que se sometan a este tipo de reglas.

Sin embargo, expresó, insistirá ante la legislatura local que realice las modificaciones mencionadas para posteriores procesos y llevará la propuesta al Congreso de la Unión para que se haga lo propio a escala nacional.