HERMOSILLO

Alcaldes de los siete municipios afectados por el derrame de metales pesados a los ríos Bacanuchi y Sonora emplazaron a Javier García de Quevedo, presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México, a un encuentro el próximo miércoles, para impulsar un programa de atención a los afectados.

Entre los puntos a tratar se encuentran: “gravísimos daños ecológicos, afectaciones a la ganadería, a la agricultura, al comercio, la salud y la estabilidad económica y emocional de los pobladores afectados”.

Los ediles Pedro Armando Lugo, de Aconchi; José Manuel Valenzuela, de Ures; Vidal Guadalupe Vazquez, de Arizpe; Maria Delfina López, de Huépac; Jesús Lauro Escalante, de Banámichi; José de la Torre, de San Felipe de Jesús y Francisco Javier Durán , de Baviácora, citaron a García de Quevedo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) el próximo miércoles a las 17:00 horas y le pidieron que si no puede acudir, envíe a un funcionario con facultades para dar solución.

A través de un comunicado, señalaron que las afectaciones deben ser reparadas a la mayor brevedad, además de proceder a la extracción de los desechos tóxicos y metales pesados del lecho de los ríos y otras medidas de saneamiento y prevención.

En el mensaje, hacen mención de un desplegado publicado en medios estatales y nacionales por Grupo México, donde la empresa destaca su antigüedad, empleos que genera y la capacidad de exportación de cobre al año y además admite que el daño ecológico se originó en un represo propio, imputando a las lluvias las causas del problema, además de asegurar que el sulfato de cobre derramado no es un desecho o residuo peligroso.

Ante ello, los alcaldes señalaron que es “inadmisible” tal afirmación, sin embargo, están a favor de la propuesta de Grupo México de la implementación de un plan que permita conocer y validar las posibles afectaciones en materia agrícola y ganadera ocurridos en la región.

En este sentido, aseguraron, buscan una solución consensada a todos los problemas originados por el derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo cual lo citaron en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para resolver el problema social.