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PGR indaga desalojo violento en Puebla

Corresponsalía| El Universal
Viernes 18 de julio de 2014

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PUEBLA. La Procuraduría General de la República (PGR) coadyuvará con las investigaciones que inició el gobierno de Rafael Moreno Valle en torno al desalojo violento de pobladores en la autopista Puebla-Atlixco.

La Procuraduría General de Justicia de Puebla y la PGR acordaron realizar acciones periciales y dictámenes técnicos en las investigaciones del caso Chalchihuapan, ocurrido el 9 de julio pasado, tras un bloque carretero que suscitó un enfrentamiento entre pobladores y granaderos, informó el gobierno estatal.

Lo anterior, en respuesta a la solicitud que hizo el gobernador del Puebla, al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

El gobierno estatal precisó en un comunicado que estos trabajos que iniciaron la víspera, continuarán el tiempo que sea necesario, y abarcarán principalmente temas periciales y de dictámenes técnicos, durante la investigación que lleven de manera conjunta.

Así, funcionarios de la PGR se reunieron con el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y el fiscal general Jurídico de la PGJ, Enrique Flota Ocampo, para establecer un programa de trabajo inmediato.

Ambas dependencias ratifican su compromiso con la objetividad y la legalidad de la investigación.

Los hechos

El pasado 9 de julio, un niño de 13 años fue herido por una bala de goma durante el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco.

La madre del menor responsabilizó del daño a los policías estatales y presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de los agentes, a quienes acusó de haber usado balas de goma durante el desalojo de habitantes en San Bernardino Chalchihuapan que protestaban por el cierre de registros civiles en sus comunidades.

A pesar que el gobierno de Moreno Valle acusó a los pobladores de ser los causantes de las heridas del niño, la CEDH confirmó que se presentó una queja en contra de los policías.

Y es que el gobierno de Rafael Moreno Valle acusó a cuatro personas detenidas durante el desalojo de ocho delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa.



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