HERMOSILLO

Los delegados federales de la Conagua, Profepa y Sagarpa acusaron al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de haber construido de manera ilegal una represa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de su familia.

Frente a las acusaciones, el mandatario dijo ayer, en conferencia de prensa, que los señalamientos de los delegados federales “son acusaciones sin pruebas”, por lo que demandó que renuncien a sus cargos.

“A raíz de los señalamientos hechos por el gobierno del estado, ante la negligencia de los delegados en la mayor tragedia ecológica, éstos tomaron acciones políticas difamatorias”, comentó.

César Lagarda, delegado de Conagua, enfatizó que el organismo estatal no tenía registro alguno, solicitud o autorización para la construcción de dicha obra, cuya inversión estimada rebasa los 3 millones de dólares.

El funcionario aseguró en el programa 'Punto de Partida', conducido por Denise Maerker, que la obra es ilegal, la cual, expuso, podría estar afectando a decenas de ganaderos y agricultores del municipio de Bacanuchi, en la zona del río Sonora.

Jorge Suilo Orozco, delegado de Sermarnat en Sonora, dijo que no hay ningún registro en la delegación donde hayan solicitado un tipo de trámite para hacer alguna obra de presa, ningún manifiesto de impacto ambiental que se requeriría en ese caso y un permiso de suelo.

De acuerdo con el reportaje de 'Punto de Partida', el rancho Pozo Nuevo cuenta con aproximadamente 3 mil hectáreas, de las cuales 60 son dedicadas al cultivo de forrajes ganaderos y cuenta con una huerta de 300 hectáreas de árbol de Nogal.

El reportaje indica que el represo provoca el azolve de decenas de pozos de pequeños ganaderos y agricultores de esa región.

En respuesta, ayer el gobernador de Sonora solicitó “traer a cuentas” al procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, pues dijo que junto con César Lagarda Lagarda, Jorge Carlos Flores Monge y Julio Suilo Orozco, es responsable de no prevenir el derrame de tóxicos de Grupo México.

Por tal motivo, enfatizó Padrés, los cuatro funcionarios federales deben responder por sus acciones y renunciar de inmediato a sus puestos, pues es evidente que no cumplieron con las inspecciones correspondientes.

“El gobierno del estado denuncia públicamente la negligencia del procurador Guillermo Haro, pues todos sabemos que se le puso el antecedente de lo que estaba pasando, y no atendieron las denuncias”, dio a conocer.

Además, Padrés expulsó del Consejo Estatal de Protección Civil (CEPC) a los citados delegados federales “por actuar de manera irresponsable y con objetivos políticos-electorales”.

Indicó que los funcionarios federales lo han intentado “golpear” y por eso quedarán fuera de la próxima sesión que se realizará esta misma semana en el Palacio de Gobierno de Hermosillo.

“El CEPC lo preside el gobernador del estado y los delegados no son bienvenidos”, puntualizó el mandatario de la entidad.