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Palo Seco.—El indígena tzotzil Juan Hernández Pérez estuvo preso 12 años por la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, pero desde hace cinco años está libre, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, cuando abandonó el penal El Amate ya no regresó a su pueblo, Pechiquil, en el municipio de Chenalhó, considerado el lugar donde se congregaron los “paramilitares” que participaron en la matanza.

Hoy, vive a más de tres horas de distancia, en Palo Seco, donde el gobierno les dio a los 25 ex convictos casi 100 hectáreas con el propósito de alejarlos del lugar del conflicto.

El pueblo donde vive Juan, de 44 años, es un antiguo potrero de tierra reseca, donde se levantan 25 casas de block de cemento y secos sembradíos de maíz, desde donde se divisan las montañas de Los Altos de Chiapas.

Meses después de que Juan abandonó el penal de El Amate, el 7 de noviembre de 2009, llegó por primera vez a este lugar con varias cajas de cartón donde guardaba las pertenencias que acumuló durante 12 años de prisión y ocupó una de las 25 casas que el gobierno construyó.

Arribó con la ayuda de funcionarios del gobierno del estado, que entraron con sus vehículos a los terrenos después de caminar por más de 20 minutos por caminos polvosos y escarpados y cruzar un río de arena colorada, que está a unos tres kilómetros del ejido Juan Sabines, en el municipio de Villaflores, en la región de la Frailesca.

El 7 de noviembre de 2009, Juan alcanzó su libertad junto con Ignacio Gómez Gutiérrez, Emilio Gómez Luna, Hilario Guzmán Luna, Juan Gómez Pérez, Mariano Díaz Chicario, Pablo Pérez Pérez, Pedro López López y Manuel Luna Pérez.

EL 12 de agosto de 2009 ya había sido excarcelado un grupo de 20 indígenas tzotziles.

Juan es el representante del grupo de 25 indígenas de Palo Seco y cinco años después de su excarcelación agradece a Dios “que haya pasado el sufrimiento” de haber permanecido “injustamente preso”, primero en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez y más tarde en El Amate, en el municipio de Cintalapa.

Primero el gobierno estatal dio a los tzotziles 53.5 hectáreas, para 14 familias, pero con la liberación de 11 más debió adquirir otras 47 hectáreas, que suman 96.5 hectáreas. Otro grupo de excarcelados vive en el municipio de Acala, cercano a Villaflores.

Pero en el pueblo sólo 24 de las 25 casas están ocupadas, porque Hilario Guzmán Luna, nativo de Pechiquil, falleció hace unos meses y sólo muerto pudo regresar a Chenalhó, para ser inhumado en el panteón de la cabecera municipal.

Después de estar presos, los tzotziles aprendieron a usar la coa y el azadón para sembrar maíz en el antiguo potrero; antes sólo se dedicaban a la siembra de café en sus parcelas del municipio de Chenalhó.

Esta es la segunda vez, que las 24 familias tienen su primera cosecha de maíz y frijol, pero aún disminuida en su producción por la falta de lluvias durante el último semestre de 2014. “Nunca hemos trabajado mucho el maíz. Allá en nuestro pueblo anteriormente trabajamos puro cafetal. Ya vamos aprendiendo cómo se trata la siembra de maíz”, asegura.

Para ayudarse en la manutención, los tzotziles de Palo Seco cuentan con corrales donde tienen gallinas ponedoras, que adquirieron en las granjas de los alrededores.

En el futuro tienen en mente sembrar árboles frutales, para poder subsistir en Palo Seco, sin necesidad de comprar semillas con sus vecinos, los finqueros dueños de extensiones cultivadas de maíz.

Cuando EL UNIVERSAL llega a Palo Seco, las 24 familias se han congregado en la parte oriente de la casa de Juan, donde orarán como lo hacen de miércoles a domingo. Con el grupo está un joven misionero del Centro Cristiano de Salvación (CCS), una iglesia de corte pentecostal, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

Los primeros años de su encierro, el centenar de personas que fueron detenidos por la muerte de los 45 indígenas, aunque sólo más de 70 estuvo en prisión, tuvo el acompañamiento de la Iglesia Nacional Presbiteriana, pero al paso de los años los pastores abandonaron al grupo y fue cuando entró al quite el CCS, que planea construir un templo para que los indígenas puedan rezar.

Con Juan está Mariano Luna Ruiz, de 47 años, quien está decidido a seguir viviendo en Palo Seco y no tiene entre sus planes emigrar.

Mariano, liberado el 15 de octubre de 2010, con otros 14 de sus paisanos, agradece al gobierno que les haya dotado de estas tierras.

Al igual que Mariano, Juan se declara inocente de los hechos de Acteal y sostiene que “fue engañado” por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), que llegaron a Chenalhó a principios de enero de 2008, para pedirles a indígenas de las comunidades a que “fueran a declarar” a Tuxtla Gutiérrez, para que dijeran “lo que sabían” que había ocurrido el 22 de diciembre de 1997 y en “la tarde nos regresarían a nuestras casas, pero nos llevaron directo a Cerro Hueco”.

Juan, después de haber militado en la iglesia presbiteriana de Pechiquil, tuvo altibajos en su fe. Algunos organismos de derechos humanos han dicho que en ese templo se reunieron los “paramilitares” de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic y Canonal, que asesinaron a las 45 personas de Acteal.

“Como seres humanos siempre hemos fallado en los caminos del Señor”, expone el tzotzil.

Declara que “el sufrimiento de la cárcel ya quedó atrás y ya no quiero pensar en eso. A partir de hoy en adelante sólo quiero vivir tranquilamente con mi familia”. Y agrega que los evangélicos no fueron los responsables de la matanza.

—¿Qué pasó ese 22 de diciembre?

—Que fue una organización de la sociedad civil de Las Abejas y del EZLN. Eso fue la investigación de los derechos humanos. Pero no lo sabemos realmente. Fuimos a la cárcel sin deber nada, sin saber quién fue el culpable. No somos investigadores.

—¿Es usted inocente?

—Pues sí.