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Jalisco: aumenta 50% extorsión

Raúl Torres / Corresponsal| El Universal
Jueves 02 de octubre de 2014


Jalisco: aumenta 50% extorsin

ESTRATEGIA. La seguridad en Jalisco ha tenido que ser reforzada con elementos del Ejército y de corporaciones federales. (Foto: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ / EL UNIVERSAL )

Han asesinado en 18 meses a 67 servidores públicos; 88% de los delitos no se denuncian

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GUADALAJARA

La llegada de 200 elementos de la Gendarmería Nacional a Jalisco los primeros días de septiembre fue interpretado por varios analistas, políticos e investigadores como una respuesta a la preocupación por la creciente violencia en Jalisco.

Sin embargo, las autoridades locales han negado que desde la federación exista una alerta para la entidad e incluso descalificaron las opiniones críticas sobre el estado de la seguridad.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2014 el delito de extorsión aumentó 50.7%, comparado con 2012 —el último año de la anterior administración— y al cotejar la cifra con 2013 —el primer año de la gestión de Aristóteles Sandoval— el incremento fue de 11.38%.

En torno al delito de robo de vehículo con violencia, el aumento este año fue de 5.87%, respecto a 2012, y de 5.29%, en comparación con el año 2013.

Incluso, académicos en la entidad señalan que la cifra negra de delitos es de 88%, mientras que el incremento en el número de desaparecidos es superior a 200% y “de eso no hay registro”, dicen.

Destacan que la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública revela que siete de cada 10 jaliscienses dijeron sentirse inseguros y, según el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de marzo de 2013 a septiembre de 2014 han sido asesinados 67 servidores públicos, incluidos algunos de primer nivel.

El SNSP reportó una disminución en homicidio doloso; de enero a agosto de 2014 hubo 671 asesinatos, mientras que en 2013 fueron 784 en el mismo lapso.

Por lo que toca a secuestros, en 2014 han sido denunciados 16, cuando en 2013 hubo 47; en robos de vehículos sin violencia, de enero a agosto van 3 mil 828, en contraste con los 6 mil 285 en 2013.

Cuestionado al respecto, el fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velazco, afirmó que los índices demuestran que los delitos van a la baja y aseguró que la llegada de los elementos de la Gendarmería Nacional obedece a una petición del gobierno estatal para contar con mayor presencia de elementos federales.

“Hay voces de alarma de algunas personas, de algunos teóricos que les encanta hacerle al bombero incendiario, que les gusta llamar la atención emitiendo opiniones sin fundamento. La realidad es que había poco personal de Policía Federal y desde hace muchos años pedimos más elementos.

“Hablamos con el comisionado nacional desde el inicio de la gestión, cambió el comisionado nacional: el doctor Mondragón sale, entra Rubido y escucha la petición de que necesitamos mayor reforzamiento en cuanto a Policía Federal; y mandan elementos de la Gendarmería Nacional”, explicó.

Pero el fiscal de Jalisco tiene una justificación para el aumento en los casos de extorsión, pues, según él, tiene que ver con las campañas que el gobierno del estado ha puesto en marcha para combatir ese delito.

“Siempre que iniciamos una campaña la gente denuncia más; han aumentado las denuncias, pero ha disminuido la cantidad de pago porque las personas saben que no deben pagar”, indicó.

Se requiere análisis crítico

En opinión de Dante Haro Reyes, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de seguridad, los datos duros deben analizarse desde varias perspectivas y confrontarse con otros aspectos de la realidad.

“Cruzando información de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y comparando los periodos de enero a agosto de los años 2013 y 2014, nos damos cuenta de que estábamos tan mal que la reducción en algunos rubros no era tan difícil”, explicó.

No obstante, expuso que hay otros rubros sensibles que han aumentado o prácticamente se mantienen igual, como el robo violento de autos, que de mil 96, entre enero y agosto de 2013, pasó a mil 154, en el mismo periodo de 2014.

“Hay una reducción en robo a transeúntes (de 3 mil 926 a mil 247), el robo a casa habitación prácticamente se mantiene igual (326, en 2013, y 324, en 2014), disminuyen los homicidios, pero aumentan las extorsiones; eso es lo que dicen los datos duros, pero los datos son sólo una parcialidad de la realidad, porque hay delitos que no se denuncian”, consideró.

Sostuvo que, según el último informe de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco “la cifra negra” —es decir, los delitos que no se denuncian— es de 88% aproximadamente.

“Además, en el caso de los homicidios hay un subregistro importante, pues aunque los gobiernos federal y estatal han señalado que la cifra va en descenso, las desapariciones aumentaron en 200% y de esto no hay registros”.

Refirió que no sólo se trata de comparar lo que sucede en el estado en distintos periodos de tiempo, sino que las cifras también se deben ponderar tomando en cuenta lo que ocurre en el país para hacer una evaluación más certera.

“Jalisco es el segundo lugar en el país en extorsiones y estamos en el cuarto nivel nacional —por encima de la media— en robo de vehículos; también somos el sexto lugar nacional en homicidios dolosos”.

Para hacer un análisis crítico de la seguridad en la entidad —afirmó— también es necesario tomar en cuenta “la seguridad subjetiva”, que implica conocer la percepción de los ciudadanos al respecto; en ese punto, Haro volvió a los datos del Inegi que en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública, reveló que siete de cada 10 jaliscienses dijeron sentirse inseguros.

En cuanto a las declaraciones del fiscal tras el plagio y asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel, en el sentido de que las cámaras de seguridad del gobierno estatal sólo sirven para recabar evidencia y no para prevenir, el académico consideró que no abonan a mejorar la percepción de los ciudadanos.

Incluso —dijo— hay un mensaje de impunidad, pues en 2011 se hizo una inversión millonaria (600 millones de pesos) en equipo de seguridad y ahora nos damos cuenta de que no funciona como debería, por lo que se tendría que ordenar una investigación ante un hecho en el que se denota corrupción.

Tiempo de evaluar

En opinión de Jorge Rocha Quintero, analista y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), al haber transcurrido ya una cuarta parte del presente sexenio es momento de que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, haga una evaluación profunda del modelo de seguridad propuesto y la pertinencia de que el fiscal Luis Carlos Nájera continúe en su puesto.

Tras revisar los datos del Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (Mide), señaló que 2013 fue un año complicado para la seguridad en el estado y en lo que va de 2014 se pueden notar algunas mejorías; sin embargo, aseguró que hay aspectos fundamentales que los indicadores no toman en cuenta, como las desapariciones.

“A pesar de que hay señalamientos e informes importantes sobre lo que está ocurriendo en Jalisco en este rubro, ese indicador ni siquiera lo toman en cuenta; y se puede argumentar que no está tipificado aún, pero los indicadores no forzosamente deben estar vinculados a las leyes”, consideró.

Desde su perspectiva, hechos como el asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel y su colaborador, Heriberto Nuñez Ramos, ponen de manifiesto que algo no está funcionando; en ese sentido, recordó que, según datos del Instituto Jalisciense de Ciencia Forenses, en lo que va de la presente administración (desde el 1 de marzo de 2013) han sido asesinados 67 funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez (9 de marzo de 2013), y el alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres (4 de agosto de 2014).

Rocha apuntó que desde el 24 de mayo de 1993, cuando un comando mató a tiros al arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, no ocurrían en el estado asesinatos contra personajes con puestos públicos de primer nivel.

“Tampoco es nuevo que el fiscal busque culpables. Sucedió cuando Amnistía Internacional denunció la tortura y él dijo que las organizaciones lucraban con este tema; hoy, en el asunto del diputado federal, hace lo mismo con la policía de Tlaquepaque”, expuso.

Insistió en que es tiempo de que el gobernador haga un alto y analice detenidamente lo que está ocurriendo, pues si la percepción de inseguridad era algo que supuestamente había pasado a segundo plano, hoy vuelve a ser una preocupación primordial.



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