MORELIA

Dudas sobre recursos públicos, incertidumbre, miedo y molestia de parte del gobierno que ve a las victimas como una carga, es el saldo que dejan seis años de una de las mayores tragedias de la historia del México moderno en el estado de Michoacán, aquel 15 de septiembre del 2008.

La placa conmemorativa a este hecho lo dice: Gris, pequeña, apenas visible y con una corta e impersonal inscripción: "Porque el espíritu del amor y la justicia, prevalecerá siempre sobre el odio y la violencia, en el corazón de los michoacanos. En memoria de las victimas del atentado de septiembre del 2008". Es todo.

En la Plaza Melchor Ocampo de Morelia los transeúntes van y vienen diariamente y la pisan sin apenas darse cuenta; es difícil hallar la placa a simple vista; los niños juegan sobre ella los domingos; los perros callejeros la orinan los 364 días del año, menos uno.

La víspera del 15 de septiembre, como desde hace seis años, el departamento de limpia del ayuntamiento de la ciudad, asea y remoza la placa para que dejarla presentable el día 15 de septiembre por la mañana.

A seis años de distancia la vida continua para todos los incuantificables -las autoridades calculan que son más de cien- damnificados que se convirtieron en estadística, contabilidad y en un tedio para las autoridades del gobierno, que hoy les escamotean la ayuda económica, social y médica.

Es el caso de Rocío García, quien hace dos meses revivió la pesadilla de la noche del 15 de septiembre.

A ella finalmente terminaron por cortarle la pierna derecha en junio pasado, que logro conservar durante los últimos casi seis años, gracias a que dice, no se atendió en el Seguro Social donde esa noche fatal, el criterio pragmático de los médicos era cortar los miembros de la gente que llegará afectada.

Ella no se dejó, se resistió y abandonó el hospital con su pierna floreada por la explosión de la granada, porque siendo una enfermera experimentada sabia que su pierna tenía remedio, y que con una buena cirugía había posibilidad de unir tendones, ligaduras, nervios, sin necesidad de amputar.

Pero hace dos meses perdió la batalla, su extremidad y su fortaleza, y de paso la hipoteca de su casa que empeño para poder mitigar los gastos de casi diez operaciones.

Del gobierno ha recibido migajas. No le quisieron pagar los gastos médicos porque se atendió en un principio en el hospital privado donde laboraba.

El gobierno perredista, en ese entonces, evaluó que su caso no era como los de la gran mayoría de las víctimas que apenas tenían para comer; consideraron que el de Rocío era el caso de una quejosa, que podía solventar sus gastos sola.

Así que no obtuvo ayuda hasta pasado el tiempo y gracias a la insistencia de su esposo; recibe ahora una miseria de cinco mil pesos con la que no alcanza a pagar medicamentos, consultas, terapias y mantener a su familia como antes.

No es distinto el caso de la familia formada por José Ángel Bucio y Rita Alvarado. Ese día la familia enterada se fue al Grito. Nunca habían ido y quisieron salir de la rutina, pasear a los niños. El más pequeño de sus tres hijos, tenía apenas dos años.

A seis años de distancia su consuelo es estar juntos y vivos a pesar de los dolores causados por las esquirlas de la granada que se incrustaron en el cuerpo de todos.

El más pequeño de los tres niños, entonces tenia cuatro años y no recuerda nada. Sabe la tragedia familiar por lo que cuenta sus hermanos ahora de ocho y 10 y 17 años.

Pero también sabe que ocurrió por los dolores de las plantas de sus pies y sus glúteos en donde se alojan los pedazos de fierro.

"A veces me quisiera irme lejos de aquí. Olvidar todo pero pienso que esto no se aliviará nunca. Siento que a veces el dolor llega con más fuerza. Yo sueño despierta a diario. Pienso en que hubiera pasado sin por un momento se nos hubiera ocurrido ir a otro lado, no quedarnos en ese lugar. O mejor aún, no haber ido nunca a ese Grito", reflexiona con los ojos húmedos Rita, la mujer de 44 años hoy, y madre de esa familia.

Su esposo, Ángel, llevaba en estos seis años, seis cirugías en el fémur izquierdo que sostiene con cuatro tornillos, una placa y una plantilla que tiene que usar de por vida, después de que perdió dos centímetros de hueso por la explosión.

Como su esposa sueña a diario con la explosión, pero su sueño mayor es otra cosa.

"Hubo gente que perdió a su familia y otros perdieron un hijo o un brazo. A ellos les dan una pensión decente para vivir. Yo era carpintero y trabajaba duro para que mis hijos no fueran a tener mala vida. Hoy sueño con que me aumenten la pensión de $1, 770.00 pesos que me dan cada quincena. ¿Quien mantiene a una familia como la nuestra con ese dinero?", se lamenta.

Cada día quince, los damnificados del "granadazo" del 15 de septiembre del 2008 hacen fila para recoger el cheque en la oficina de la subsecretaria de gobierno y cada quincena, relata Ángel, percibe el hastío de los funcionarios de gobierno que los han tildado incluso de "oportunistas que ya les gusto vivir de gobierno".

El decreto incómodo

El gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, sabia de las amenazas de septiembre del 2008 y desestimó el hecho. No quiso alterar los festejos de ese día y solo con sus funcionarios allegados comentó la preocupación que sentía.

Nadie esperaba que se cumpliera la amenaza de ese día. Nunca se había manifestado con tal contundencia el enemigo.

Pasado el primer trago amargo del granadazo y una vez que se dio cuenta de la magnitud del evento, el gobernante Leonel Godoy Rangel, mando crear por decreto apoyos económicos y pensiones vitalicias para los afectados, en un estado con uno de los mayores quebrantos financieros de su historia.

En los primeros momentos, coyunturales para el escenario político y social del estado y el país, el congreso del estado creo una Comisión legislativa para atender los casos más graves, pero con el paso del tiempo los apoyos se cerraron y se redujeron a casi nada.

Encima de todo, el cambio de gobierno del 2012 dejo sin efecto la Comisión del Congreso que evaluaba desde una perspectiva burocrática. Hoy no existe dicha comisión y ningún diputado atiende a los damnificados que demandan más y mejores apoyos para solventar su drama, que pervive.

Las periodistas Patricia Monreal y Verónica Magaña, en el 2010 decidieron recoger en un libro algunos de los testimonios de la tragedia, considerada hasta ahora la entrada formal del crimen organizado en la vida del país y el estado.

Recopilaron en un texto de 103 páginas, llamado "Los Gritos de Morelia. Memoria del Terrorismo en Michoacán" trece historias representativas de ese día, "con la intensión de que no quedara en la nada este hecho, como tantas tragedias que ocurren en este país".

De la fecha en la que vio la luz el libro (28 de octubre del 2011) hasta ahora, coinciden en que las victimas "se han vuelto una carga para el gobierno del estado, así los tratan. quisieran no ver sus rostros demacrados mendingando ayuda y más recursos, más prótesis, más medicamentos".

Desde ese entonces a la fecha, no ha sido lo mismo para nadie. El 15 de septiembre en Morelia es uno de los más vigilados del país y "da la impresión de que nunca se volverá a recuperar ni este ni ningún espacio público que trastocó la violencia".

"La fiesta, la alegría, los espacios comunes, afortunadamente aún no son una concesión del Estado. Lo cierto es que ahora por más que diga el gobierno hace todo lo posible por crear desconfianza en las calles en este día, abona sobre todo a la crispación social que hacen pensar en que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier lugar y momento", concluyen.