MORELIA

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, dijo que “no hay ni un solo peso” para liquidar a los 97 policías estatales que fueron cesados la noche del miércoles y advirtió que “sólo con la ayuda del gobierno (federal) podremos dar el finiquito que corresponde a cada elemento”.

Los agentes fueron cesados porque no aprobaron exámenes de control y confianza y, en algunos casos, tienen averiguaciones penales encaminadas por haber participado en delitos vinculados al crimen organizado.

No podrán realizar labores de seguridad pública ni privada y sus datos serán boletinados en el sistema de Plataforma México.

Además, el pasado jueves, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció que “habrá una limpia total al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para la tranquilidad de todos los ciudadanos”.

“Quiero anunciarles que vamos a quitar a todos los ministerios públicos y policías ministeriales”, advirtió, luego de que una mujer se quejó de la corrupción e ineficiencia en la dependencia.

Al mismo tiempo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que el plan de seguridad implementado en Michoacán no se detendrá y refirió que habrá una depuración total de todas las corporaciones de seguridad en el estado.

Ayer, el mandatario Fausto Vallejo aseveró que se vigila que los despidos se lleven a cabo con apego a derecho y “sin ningún atropello”, y enfatizó que el anuncio de “limpia” hecho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, deberá hacerse con responsabilidad y bases, “como ya lo están haciendo”.

Anunció en este sentido que federación y estado buscan actualmente esquemas para la reincorporación en otras áreas de elementos que no hayan sido acreditados por factores como la edad u otras causas similares, y que no tengan averiguaciones penales abiertas.

Por su parte, los policías de la Estatal de Caminos que fueron dados de baja interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por malos tratos de sus superiores y despido injustificado.

Además, acudieron al Congreso del estado, donde acusaron que fueron despedidos sin previo aviso y sin haber presentado exámenes de control y confianza.