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A partir del próximo viernes entrarán en vigor las reformas a Ley de Procuración de Justicia, del Código de Procedimientos Penales y el Código Penal de Coahuila para eliminar la figura del arraigo en la entidad.

Con este decreto, suman cinco entidades que han eliminado esa figura, que ha sido una petición constante de organismos internacionales, encabezadas por las comisiones de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la Organización Organización de Naciones Unidas (ONU), así como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), instituciones que han señalado que en México ha aumentado el número de denuncias de tortura y maltrato.

Los estados que han aprobado estas iniciativas son Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, San Luis Potosí y ahora Coahuila.

Además, los congresos locales de Baja California, Querétaro y Jalisco se encuentran en discusión de iniciativas en esta materia.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, recordó que el Congreso local aprobó la iniciativa, que “atiende las recomendaciones de la ONU y de Amnistía Internacional”.

Señaló que, así, “el arraigo de personas detenidas inculpadas de la comisión de algún delito queda terminantemente prohibido en Coahuila a partir del viernes 24 de enero de este 2014”.

El funcionario comentó que coinciden con los organismos internacionales que reprueban este tipo de prácticas, por lo que es necesario acabar con actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; además de que se debe garantizar el respeto pleno a los derechos humanos.

La recomendación más reciente fue la del 23 de octubre de 2013, cuando en el segundo Examen Periódico Universal que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU efectuó en Ginebra, Suiza, hizo una serie de recomendaciones al país.

Durante la prueba, 87 países participantes emitieron 176 recomendaciones al gobierno mexicano, entre las cuales destaca la abolición del arraigo a nivel federal y local, por ser una figura jurídica contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

El martes 10 de diciembre de 2013, por votación unánime el pleno del Congreso local aprobó abolir la figura jurídica del arraigo, al considerar que es inconstitucional y mediante ésta se cometen tratos inhumanos y degradantes que violan los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y el debido proceso de los inculpados de la comisión de algún delito.

Con las reformas, se garantiza que las instituciones actuarán apegadas al principio de legalidad.

Los diputados consideraron que la reforma constitucional que incorporó en 2008 el arraigo tenía la intención de otorgarle al Ministerio Público una herramienta para combatir la delincuencia, al permitir obtener pruebas sin haber indicios sólidos o una averiguación previa de por medio. Con ello, se crearon las condiciones para la práctica de la tortura para obtener confesiones.

Esa norma, incluso, contravenía la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró el arraigo inconstitucional en 2005.