Mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió que desde hace dos años no realizaba una revisión a la minera Buenavista del Cobre, que provocó el derrame de químicos a dos ríos de Sonora el pasado 6 de agosto, expertos de la Procuraduría General de la República (PGR) ya realizan las primeras diligencias en esa entidad para determinar las causas del derrame que ha afectado a más de 20 mil personas de al menos siete municipios de la entidad.

En entrevista, el subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez Abitia, dijo que aquella ocasión, hace dos años, aunque se advirtieron irregularidades, éstas fueron subsanadas.

Destacó que en el país hay más de mil 250 operaciones mineras trabajando, pero este órgano sólo tiene capacidad para hacer revisiones en 300 o 400 por año.

“Hay que decir que en México se tienen registradas más de mil 250 operaciones mineras trabajando al día de hoy y la capacidad de la Profepa nos permite visitar 300 o 400… desde el año pasado hemos puesto un énfasis en la actividad minera, pero no visitamos todas las operaciones todos los años”, señaló.

Entre 2012 y 2013 se redujo el presupuesto de este organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuando pasó de mil 75 millones de pesos a mil 52 millones. Este año, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, Profepa recibió tan sólo mil 101 millones.

Sobre las causas del derrame, Rodríguez Abitia señaló que hubo un “desprendimiento” de un tubo en el patio de lixiviados —donde se concentran los residuos de la actividad minera— y se liberó el sulfato de cobre hacia el arroyo Tinajas, llegando al cauce del río.

“La solución debía haber quedado atrapada en otra fosa, que llamamos de demasías, pero que no quedó atrapada ahí porque se encontraba en mantenimiento y la válvula, es decir, la llave que permitía cerrar el paso, no estaba en su lugar porque estaba en mantenimiento y la solución pudo salir al cauce del arroyo Tinajas, de ahí al Bacanuchi y eventualmente al Río Sonora”, detalló.

El funcionario también desmintió la versión de la empresa que señala que el derrame fue causado por las altas precipitaciones de unos días antes.

Según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el nivel de lluvias, tres días antes del derrame fue “mínimo”. Añadió que no se informó a tiempo de la contingencia, ya que de ser así, se hubiera evitado el esparcimiento de los químicos.

Sobre las multas que se pueden alcanzar dijo que por cada violación a la norma se aplican sanciones de 3 millones de pesos y hasta nueve años de cárcel a los encargados de revisar la seguridad ambiental.

El subprocurador no descartó que se promueva acciones bajo la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, que obligaría a la empresa a pagar o resarcir el daño de las comunidades afectadas.

Por su parte, el director de la Conagua, David Korenfeld, dijo que los niveles de contaminación del río siguen fuera de la norma y que hoy viernes se darán a conocer los resultados del monitoreo en 21 puntos del río.

PGR, a Sonora

Por otra parte, autoridades federales confirmaron que a partir de la denuncia que presentó el domingo la Profepa en contra de Buenavista del Cobre, la PGR designó a un grupo de peritos y agentes ministeriales para que indaguen los hechos.

Las fuentes consultadas detallaron que se envió a un grupo de expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales, entre ellos especialistas en química, criminalística, y fotografía, que trabajan de forma conjunta con las autoridades ambientales a fin de establecer las causas del derrame y el grado de afectación de los contaminantes.

De acuerdo con la PGR, las diligencias que realiza también incluirán una revisión de las condiciones en las que opera la empresa para establecer si podrían configurarse actos de negligencia.

En Sonora, mientras tanto, continúa el bloqueo a la mina por parte de los trabajadores a 28 kilómetros al sur de Cananea, sin embargo, la empresa implementó un camino provisional por donde ingresan camiones cisterna, tráilers y maquinaria pesada, así como los trabajadores.

“La mina no quiere perder, está buscando accesos para continuar con sus operaciones”, dijo el minero Espinoza Martínez, también miembro del ejido Cuitaca.

Por su parte, los mineros de la Sección 65 reiteraron que permanecerán bloqueando los caminos de acceso hasta que Gobernación les atienda la petición de retiro de concesión de la mina.