HERMOSILLO

“Ya basta de que Grupo México evada su responsabilidad en el derrame que afecta la vida de más de 22 mil sonorenses”, aseveró Roberto Romero López, secretario de Gobierno, al anunciar que ya fue presentada una demanda colectiva en contra de la empresa. La división jurídica estatal prepara dos recursos más.

“Alrededor de 50 pobladores de la región, asistidos legalmente por el gobierno del estado, presentaron en el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Agua Prieta, una demanda colectiva. Tengo conocimiento de que ya hay 300 pobladores más que se van a sumar a la misma en los próximos días”, explicó el funcionario.

“Usaremos toda la fuerza de Estado y los recursos de gestión y legales que estén a nuestro alcance para exigir a Grupo México que haga frente en forma directa y en sitio a las demandas de la población, así lo hemos venido exigiendo desde el primer día, pero el tiempo está pasando y la gente está dejando de creer en las promesas que han hecho los directivos de Grupo México”.

Además de la demanda colectiva, agregó, el gobierno del estado interpondrá en un máximo de cinco días dos recursos legales más en forma directa.

Uno de ellos sería de carácter civil para recuperar los recursos invertidos por el estado que superan los 120 millones de pesos y el segundo se refiere a una demanda penal por delitos en contra de la ecología.

En tanto, la Comisión Especial río Sonora de la Cámara de Diputados federal dio a conocer que los daños calculados en aproximadamente 800 millones de pesos, por lo que consideró “una incongruencia” la multa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) —de 40 millones de pesos— por el derrame de sulfuro de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora.

En conferencia, los diputados de la Comisión Especial, que preside Marco Antonio Bernal, informaron que según al análisis que realicen, luego de esta visita por la zona afectada, podrían solicitar la cancelación de la concesión de derechos de explotación a la mina de Buenavista del Cobre, de Grupo México.

Indicó que puede llegar otra empresa a seguir explotando bajo las reglas de racionalidad ambiental y si el consorcio no quiere vender se le puede expropiar por causa de utilidad pública.

Piden proteger empleos

Por su parte, Javier Villarreal Gámez, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria minero metalúrgica en Sonora, comentó que es necesario acordar medidas para proteger las fuentes de empleo de los más de 9 mil trabajadores directos y miles indirectos que dependen de la mina de Buenavista del Cobre, ya que de cerrarse dejaría sin ingresos a miles de familias de la región.

En entrevista, recalcó que el derrame debe servir para que mejoren las medidas de seguridad en las minas y evitar que se afecte el ambiente y las fuentes laborales.

Villarreal consideró que Napoleón Gómez Urrutia —quien encabeza a los ex trabajadores de Cananea afiliados al Sindicato Minero que tienen bloqueada la entrada a Buenavista del Cobre— ha politizado este desastre ecológico, confundiendo a la población.

“Lo que se debe hacer es que se aplique la ley, y no se debe permitir la impunidad ni se haga lo que a cada quien se le ocurra”, dijo.