HERMOSILLO

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora estimó que ascienden a 2 mil millones de pesos los daños ocasionados por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, causada por la minera Buenavista del Cobre, en tanto que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que se cuenta con los instrumentos legales del Estado mexicano para suspender temporal o definitivamente a esta empresa minera de Grupo México.

El presidente de la CEDH estatal, Raúl Ramírez, indicó que hay más de 22 mil habitantes —en los siete municipios— afectados por la contaminación de sulfuro de cobre acidulado derramado el 6 de agosto y que las pérdidas patrimoniales son superiores a los 2 mil millones de pesos.

El pasado 3 de septiembre, la Comisión Especial Río Sonora de la Cámara de Diputados federal había calculado que los daños oscilaban en 800 millones de pesos. Sin embargo, la multa que estipuló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue de tan sólo 40 millones de pesos.

El ombudsman sonorense informó que el pasado viernes, en apoyo a los alcaldes y pobladores del río Sonora, la CEDH interpuso una demanda penal, la cual ayer fue ratificada ante la PGR, en contra de quien resulte responsable del derrame tóxico ocurrido hace más de un mes y que mantiene a los afectados “viviendo los peores momentos de sus vidas”.

Añadió que le parece inaudito que Grupo México tenga “sólo a dos personas en algunos municipios entregando botellitas de agua, porque aún cuando ganan millones y millones de pesos por las inversiones que tiene en Sonora, está entregando limosnas en la atención que debe dar a los pobladores del río Sonora”.

Comentó que la CEDH está muy preocupada ante un estallido social contenido por el trabajo de los alcaldes, gobiernos estatal y federal, el cual calificó de extraordinario porque no les compete.

Mientras, en una entrevista previa a una visita a la Universidad Autónoma de Nuevo León, el titular de la Secretaría de Economía afirmó que el incidente “es una situación clarísima de violación a la legislación ambiental”, sobre la que está en curso el proceso para la sanción penal, y las sanciones administrativas están determinadas.

Guajardo indicó que se está trabajando para que la compañía minera cumpla a 100% con la remediación ecológica y la reparación de daños a los afectados.

En ese sentido, el funcionario señaló que “los instrumentos del Estado mexicano para la suspensión temporal o definitiva están, sin duda, disponibles para ser utilizados al rigor que sea necesario, cuando se den elementos de un incumplimiento sobre los compromisos que debe asumir la empresa”.