CHILPANCINGO. El gobierno de Guerrero y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) acordaron integrar una comisión revisora integrada por sus respectivos abogados, que buscará hallar una forma jurídica para legalizar los grupos de autodefensa, porque Bruno Plácido Valerio, dirigente de esa organización, sostuvo que la figura jurídica de Policía Rural no es la alternativa.

A su salida de una reunión de cuatro horas en privado con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el titular de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, y la presencia como testigo de honor del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el dirigente de la UPOEG indicó que continuarán con sus asambleas para consensuar el ofrecimiento gubernamental de que acepten que los grupos de policías ciudadanos se conviertan en policía rural. “No se puede dar una respuesta inmediata”, dijo.

Indicó que la UPOEG está por que se establezca el mecanismo de coordinación, no de subordinación, como lo especifica la reforma a la Ley 285 —que crea la policía rural—, pero están de acuerdo en que haya un listado con los nombres de los policías ciudadanos, con credenciales y uniformados, “para que se quite la estigmatización de que atrás de ellos está la guerrilla”.

Indicó que el próximo 16 de febrero en la comunidad de Ocotito se hará un foro donde se concentrarán las policías ciudadanas de los 15 municipios, así como los coordinadores de esta organización para analizar el método de cómo quieren que se regularicen.

Mientras, alrededor de 500 policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Casa del Paraíso, viudas, familiares y sobrevivientes de la localidad de Charco marcharon en el municipio de Ayutla, en demanda de la liberación de nueve de sus elementos en agosto de 2013. A la movilización se unió el obispo José Raúl Vera.