CANCÚN. El Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEyC) informó que importantes proyectos de inversión están suspendidos o fueron cancelados en Cancún debido a la interpretación jurídica de autoridades locales sobre la vigencia y aplicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2013-2030, publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo, el 26 de septiembre pasado.

Dicho instrumento de planeación, que orienta el rumbo del crecimiento de la ciudad y su zona hotelera, no se ha inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, como lo establece el artículo 28 de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, reformado el 18 de abril del 2012.

Esto ha generado interpretaciones entre abogados privados y los gobiernos del estado y del municipio de Benito Juárez sobre si sólo basta con la publicación del PDU en el Periódico Oficial del estado para que cobre vigencia y se aplique o si es indispensable cumplir con ese último requisito de su inscripción en el Registro Público para que “nazca a la vida jurídica”.

Para los gobiernos locales, el PDU 2013-2030 — elaborado por la anterior administración municipal— no está vigente, pues el proceso para ello no se ha cumplido en su totalidad, por lo que aplican el Programa de Desarrollo Urbano vigente desde 2005.

El tema ha generado polémica entre la iniciativa privada, las autoridades locales actuales y las anteriores, así como las organizaciones civiles, cuerpos colegiados y académicos que participaron en la actualización del PDU 2013-2030, cuya aprobación por el cabildo (el 5 de septiembre pasado) intentará ser revocada el próximo viernes.

Ayer, al término de la asamblea mensual, el presidente del CCEyC, Rafael Lang, dijo que la incertidumbre jurídica fue un tema fundamental entre los asociados, debido a que ha frenado inversiones.

“Se trata de inversiones de hoteles y plazas comerciales, que de continuar dicha situación se corre el riesgo de que se redireccionen a otros destinos del Caribe”, alertó Romárico Arroyo, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Turísticos.

Detalló que el monto de estos negocios alcanza los 100 millones de dólares.

En tanto, el ex presidente del CCEyC Francisco Córdova Lira dijo que, como empresario, ha sido uno de los afectados por la indefinición legal, pues pensaba construir un centro comercial a un costado de La Isla, en la zona hotelera.