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Chilapa.— Junto a los manojos de lechuga que trajo de la comunidad nahua de Zizintitlán, de donde es originaria, María Juana González Marcos reposa en un bote de 20 litros que le sirve de asiento desde las 5:00 horas, porque hoy “¡no he vendido nadita!”.

Como María, una mujer menuda de 79 años de edad, decenas de locatarios del mercado central de este municipio —cuya población en un 90% se dedica al comercio— permanecen en vilo, luego de que 11 personas fueron decapitadas y semicalcinadas en la comunidad de Ayahualulco, ubicada a sólo 15 kilómetros de la cabecera municipal.

El alcalde de Chilapa, Francisco García, admitió que las ventas de los comerciantes en días de balaceras bajan de 40% a 50%; la gente evita salir de sus casas. Las clases se restablecen siete días después de los hechos. Los habitantes andan con sigilo y después de las 19:00 horas ni un alma se ve en el zócalo.

Dijo que la mañana de ayer llegaron a Chilapa 500 militares y 30 policías estatales, pero parece que sólo fue un anuncio, porque en más de seis horas de recorrido por la ciudad, no se observó a ninguno; tampoco había retenes, comunes en situaciones como la masacre ocurrida el miércoles pasado, que se atribuye a grupos del narcotráfico.

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, los uniformados no aparecen; el edil priísta comentó a EL UNIVERSAL que ninguna autoridad federal le ha llamado, tampoco le han dicho si le enviarán policías de la Gendarmería como solicitó desde el 20 de octubre, sin respuesta.

Admitió que su municipio es muy atractivo para los cárteles por la siembra de amapola y mariguana en comunidades apartadas.

En Chilapa, un municipio de 40 mil habitantes y con uno de los mercados de artesanías de mayor tradición de Guerrero, las escuelas primarias cerraron con candado sus puertas, como casi todos los planteles educativos del ayuntamiento conocido mundialmente por la representación ancestral de la pelea de jaguares, conocida con La Tigrada, y su chocolate.

Hay 37 centros escolares de todos los niveles. Los niños tuvieron un fin de semana largo, que podría prologarse hasta el lunes, martes, “o cuando la cosa se haya calmado. En julio cuando fue el enfrentamiento, nos encerramos y nuestros hijos no fueron a la escuela durante una semana”, cuenta una señora que vive muy cerca de donde se mataron siete civiles y un policía ese mes.

Una cruz en medio de la calle Insurgentes, donde se lee 9 de julio de 2014, es el símbolo de lo que “no debería pasar, nos gobiernan ellos (el crimen organizado), no hay autoridad”. Aún quedan cicatrices en las paredes: impactos de bala y vidrios rotos forman parte del paisaje de esa vialidad principal.

En los puestos en la calle de ropa, verduras, frutas, artesanías y hierbas de olor, entre otros, no hay clientes. Lo que más hace la gente es vender, y cuando los grupos delictivos —Los Rojos y Los Ardillos— pelean por el territorio, no sólo los comerciantes pierden ventas, también la gente que se abastece en el pueblo.

Félix Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos María Morelos, calculó que en los dos últimos años se han registrado 100 muertes relacionadas con la delincuencia en Chilapa. La gente tiene miedo a denunciar, pero compartió que “nos han contado de secuestros, extorsiones, levantones”.

Marcelina Tetitlán y Gregorio Patolzin guardarán junto a María y Bartolo su mercancía. “¡A ver si no se echa a perder!”. Piensan que están más afectados que los 2 mil comerciantes fijos del mercado; “ellos al menos tienen su local”, pero los señores de más de 60 años siembran lo que venden para comer, ahora se comerán lo que no vendieron.

Analizan pruebas genéticas

Expertos forenses de la PGR trabajan en las muestras de ADN para la identificación de los 11 cuerpos.

Los cuerpos fueron trasladados de Chilapa a Chilpancingo para después transportarlos al DF, donde se encuentra el Centro Médico Forense (Cemefo) de la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR para la identificación de las víctimas. Con información de Dennis A. García