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IGUALA

El hallazgo de seis fosas clandestinas en la colonia irregular Pueblo Viejo en Iguala puso en alerta a familiares de 43 normalistas desaparecidos, “ante la posibilidad de que se trate de sus parientes”, de acuerdo con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción para investigar la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, luego de los hechos violentos ocurridos hace ocho días, en los que murieron seis personas y 25 resultaron heridas.

Ayer por la noche, la dependencia del gobierno federal anuncio que envió a un grupo de expertos que realizan los exámenes científicos para identificar los cuerpos localizados en fosas clandestinas.

Antes, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el fiscal estatal, Iñaky Blanco, en conferencia de prensa, señalaron que fueron encontradas varias fosas clandestinas, sin precisar el número ni la cantidad de cadáveres hallados.

Dijeron que no se podía señalar que son los normalistas desaparecidos hasta que no se realicen las pruebas forenses de ADN.

Normalistas y padres de familia reaccionaron ante el anunció del gobierno estatal y bloquearon los accesos de Casa Guerrero, donde poco después de las 20:00 horas lanzaron unas 10 bombas molotov y voltearon un vehículo.

Los disturbios comenzaron después de que el gobernador los recibió, pues “no les convenció la respuesta que les ofreció respecto del hallazgo de la fosas clandestinas y su correlación con la desaparición de sus hijos”.

Llamada anónima

La madrugada de ayer, policías ministeriales, acompañados del Ejército y la Marina, así como las policías Estatal y Federal acudieron a Pueblo Viejo a corroborar la denuncia anónima sobre las fosas clandestinas. Después de excavar en el terreno agreste, los ministeriales, apoyados por elementos de Protección Civil estatal, descubrieron por lo menos seis tumbas.

Hasta ayer por la tarde-noche seguían las excavaciones para determinar la cantidad de fosas y número de cadáveres.

El descubrimiento se realizó al norponiente de Iguala, donde entre abril y mayo también se hallaron otras fosas clandestinas.

Por la tarde, acudió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete, quien pasó el filtro de policías ministeriales, elementos de la Marina y Protección Civil del estado. Más tarde, una comisión la CNDH también llegó al lugar.

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (Ceteg) que arribaron a la zona, dijeron que no confiaban ni en la Comisión estatal ni en la CNDH, porque son instancias oficiales, y les causó suspicacia que a diferencia de otros hallazgos, en esta ocasión, las autoridades se negaron a dejarlos pasar.

Durante las excavaciones se observaron helicópteros de autoridades que sobrevolaron el área.

Prenden alerta

La CNDH confirmó que al menos seis fosas clandestinas fueron halladas en un terreno agreste.

“Este hallazgo pone a las familias en alerta ante la posibilidad de que se trate de sus parientes”, dijeron en referencia a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

Juan López Villanueva, adscrito a la Primera Visitaduría de la CNDH, informó que pudieron tener contacto visual a unos metros de las fosas, pero no constataron lo que había adentro. El grupo de la CNDH contaba con abogados, médicos, psicólogos y criminalistas.

Entregan detenidos a PGR

El gobernador de Guerrero y el fiscal del estado señalaron que el hallazgo de cuerpos se desprende de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero que serán estudios de genética forense los que determinen si se trata de los estudiantes o no.

“Sin duda, el hallazgo de las fosas tiene que ver con la investigación que lleva a cabo la Procuraduría y muy particularmente con la detención de varias personas”, en el caso de los normalistas desaparecidos, dijo Iñaky Blanco.

Consideró, sin embargo, que sería irresponsable decir que los cuerpos corresponden a los alumnos desaparecidos y se establecerá la identidad mediante mapas y perfiles genéticos elaborados junto con dependencias federales.

Aguirre resaltó la prontitud con la que —dijo— actuó la Fiscalía de Guerrero y muestra de ello es que van 30 detenidos; varios de ellos han sido consignados.

Dio a conocer que entre los detenidos hay presuntos miembros de la delincuencia organizada y atribuyó la acción violencia en Iguala al grupo “Guerreros Unidos”.

Mientras, la PGR ejerció su facultad de atracción para investigar la desaparición de estudiantes y envió un grupo de expertos para realizar exámenes para identificar los cuerpos localizados en las fosas.

Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia Criminal, señaló que “el Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune. Pondremos toda la fuerza del Estado para esclarecer este lamentable acontecimiento”.

Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, indicó que por instrucciones del procurador, Jesús Murillo, se determinó la competencia federal de dicha indagatoria.

Confirmó que diversas personas, presuntamente vinculadas con la desaparición de los estudiantes, ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la federación, aunque no precisó el número de los detenidos entregados a la PGR.

Las pruebas de identidad genética, dactilares o las que sean necesarias, establecerán si algunos de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Iguala pudieran corresponder a los normalistas desaparecidos, dijo.

Mientras, en Tixtla, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que aglutinan a las 15 normales rurales del país se declararon en huelga, lo que implica que suspenden sus actividades, para apoyar a sus compañeros de Ayotzinapa, y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que en su Asamblea Representativa definirán si realizan un paro nacional.