La diputada Lorenia Valles Sampedro consideró que resarcir los daños ambientales y de indemnización a la población afectada de los ríos Sonora y Bacanuchi no debe quedar sólo en el pago de los dos mil millones de pesos que acordaron Grupo México y autoridades federales.

Informó que la comisión especial está consensuando la posibilidad de presentar una propuesta de programa regional con cargo a Grupo México, que cuente con recursos de manera significativa para impulsar el desarrollo de la zona y activar la economía de los perjudicados, a fin de que se recuperen financiera y socialmente.

Mencionó que esta cantidad “es el inicio de una cifra preliminar hasta alcanzar el monto que realmente repare los daños ambientales y retribuya a los pobladores, productores, agricultores y empresarios las pérdidas que están enfrentando” .

La integrante de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a este caso afirmó que por ningún motivo el monto económico que debe pagar Grupo México debe quedar ahí.

Dio a conocer que este grupo legislativo de trabajo se reunió con el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y el procurador federal del Medio Ambiente, Guillermo Haro Bélchez.

“En breve un grupo de especialistas en materia ambiental y los que presenten las dependencias federales que están encargadas de seguir y analizar el caso deberán ofrecer un estimado final de cuánto es lo que deberá retribuir la minera, cantidad que podría rebasar mucho más del doble la cifra inicial anunciada” , adelantó.

Es importante, dijo la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) , que se haya avanzado en obligar a Grupo México a pagar los daños.

Sin embargo no se debe renunciar a actuar penal y administrativamente contra este consorcio, y menos a que se le sancione de manera ejemplar, a fin de dejar un precedente para que nadie crea que puede actuar impunemente, agregó.

En este sentido, hizo un llamado a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a sacar del conflicto ambiental sus diferencias políticas.

Valles Sampedro consideró importante que en el actual periodo de sesiones se presente un paquete legislativo que fortalezca la función reguladora y sancionadora que tiene el marco legal federal vigente en materia de minería.

“Es flexible, laxo y no atiende con seriedad y responsabilidad los problemas que generan las minas y menos aún se sanciona como se debe” , concluyó.

crs