Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), y de la Casa de Justicia del Paraíso, así como viudas, familiares y sobrevivientes de la masacre del Charco (1996) marcharon en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica del estado, en demanda de la liberación de nueve policías civiles que fueron recluidos en penales de otros estados.

La marcha concluyó con un mitin en la explanada del ayuntamiento municipal, al cual se unió el obispo José Raúl Vera López, quien exhortó a la CRAC a no permitir que se violenten sus derechos humanos.

Alberto Cirilo Luisa, coordinador de la Casa de Justicia del Paraíso, informó que la visita del obispo de Saltillo es para brindar apoyo a la CRAC-PC, cuyos miembros han sido hostigados por el gobierno del estado al detener en agosto de 2013 a nueve coordinadores, entre ellos Arturo Campos Herrera, Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Bernardino García.

Durante la marcha, a la que se unieron sobrevivientes, viudas y familiares de la matanza del Charco, ocurrida el 7 de junio del 1996, los manifestantes acusaron al gobernador Ángel Aguirre de hacer caso omiso a sus peticiones.

"Exigimos la liberación inmediata de los 9 coordinadores de la CRAC porque no tienen por qué estar encerrados ya que ellos nunca cometieron algún delito. El obispo viene en apoyo a la CRAC y para que México se entere que la CRAC no está para incurrir en algunos delitos sino para proteger a su pueblo".

Reiteró que la CRAC-PC combate la delincuencia, no enfrenta a las autoridades gubernamentales, al contrario, refirió Cirilo Luisa, está para coordinarse con los tres niveles de gobierno.

Alrededor de 500 policías comunitarios de la CRAC-PC, sacerdotes, integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos y luchadores sociales como la Fodeg y la OPIM (Organización de Pueblos Indígenas Mepha'a) participaron en la marcha.

Durante el mitin, Luis Castro Rafaela, coordinadora de la casa de justicia de El paraíso, solicitaron la intervención del obispo José Raúl Vera López a fin de que interceda para que las autoridades dejen de hostigar a los indígenas porque no son delincuentes.

Inés Fernández Ortega, quien fue agredida sexualmente por integrantes del Ejército y su caso fue tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agradeció la presencia del obispo y le pidió que registrara las injusticias que se siguen cometiendo en las comunidades indígenas de Ayutla.

"Le solicitamos que nos ayude a que se haga justicia y que interceda por los campesinos que habitan en la región de la Montaña".

Por su parte, el obispo de Saltillo, Vera López, refirió que las autoridades comunitarias han tenido la sabiduría de asumir ellos mismos la responsabilidad sobre quienes han cometido delitos o están equivocados.

Dijo que los policías comunitarios deben contar con recursos para que la casa de justicia de El Paraíso tenga dinero para que los retenidos coman bien.

Refirió que también es importante que se castigue a los responsables de la masacre de El Charco.

"Es importante para los derechos humanos que el tema de El Charco se esclarezca porque no es posible que hoy un sobreviviente de la masacre está en prisión por luchar por la seguridad".

Informó que la CNDH está trabajando en el caso de la OPIM y el pueblo Mepha`a donde se ha documentado todos los casos de hostigamiento de que son objetos como los insultos al pasar por los retenes del Ejército Mexicano y el desprecio que quieren darle a la CRAC-PC como policías comunitarios.

Precisó que la policía comunitaria es reconocida en el país porque busca seguridad para sus pueblos, por lo cual animó a los comunitarios a que sigan haciendo la labor para tener seguridad en sus pueblos.

spb