El grupo defensor de derechos humanos Tlachinollan, consideró que la licencia al cargo de gobernador que solicitó Ángel Aguirre Rivero es insuficiente y sólo es un punto de partida para deslindar responsabilidades por los hechos violentos del 26 del mes pasado en Iguala.

Asegura que tanto el gobierno federal como estatal, incurrieron en omisiones que derivaron en la desaparición de 43 normalistas y la muerte de seis personas, entre ellas, tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor del grupo Tlachinollan, señaló que la licencia al cargo de gobernador del estado de Guerrero, no implica que no se sigan desarrollando las investigaciones sobre las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales de dirigentes sociales que hubo durante su mandato, así como los hechos del 26 y 27 del mes pasado en Iguala, para el fincamiento de responsabilidades judiciales.

Añadió que incluso debe investigarse a las autoridades del orden federal, porque también son responsables de omisiones, por lo que opinó que independientemente de la solicitud de licencia ante el Congreso local, que interpuso Angel Aguirre Rivero, para ausentarse del cargo, deben continuar incluso para que se finquen responsabilidades al gobierno federal.

Agregó que en este caso, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, también es responsable por omisión, en el caso de Iguala, pero señaló que debe verificarse si el movimiento normalistas y magisterial, debe solicitar igualmente su renuncia.

Sostuvo que para que los 43 normalistas sean presentados con vida, los movimientos deben de continuar con más fuerza, y al parejo las acciones legales deben seguir en el ámbito del fuero común y ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta que se logre el deslinde de responsabilidades, "esperamos que los normalistas estén a la altura de las protestas estudiantiles".