Dirigentes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ante el gobierno estatal y federal, para restablecer el diálogo que se rompió en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) el jueves de la semana pasada.

Manuel Vázquez Quintero y Gonzálo Torres Valencia, dirigentes de la UPOEG, solicitaron directamente al presidente de la CEDH, Juan Alarcón Hernández, que realizará las gestiones pertinentes ante el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para que éste a su vez, intervenga ante la SEGOB, a fin de restablecer la mesa de diálogo, para abordar la legalización de las policías comunitarias, el tipo de armamento que deben portar y los programas de desarrollo social.

Los dirigentes de la UOPEG y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, dieron a conocer al ombusdman, que siempre han mostrado disposición al diálogo y no a la confrontación, por  lo que le aseguraron su disposición a continuar dialogando con el gobierno estatal, federal, así como con la comandancia de la IX Región Militar con sede en el puerto de Acapulco.

Juan Alarcón Hernández, de inmediato solicitó mediante oficio enviado al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, en la que a nombre de los representantes de la UPOEG-SSJC, le solicitó la reapertura del diálogo e insistió en que el propósito de su gestión es de que los derechos humanos  sean tomados en cuenta y respetados por las autoridades federales, estatales y municipales.

Los dirigentes de la UPOEG, Manuel Vázquez y Gonzálo Torres, a su salida de la reunión con el ombusdman de Guerrero, ratificaron que su organización no se opone a que el ejército y La Marina, patrullen los caminos y carreteras de las comunidades indígenas, pero lo pueden hacer con respeto.

Dijeron que el SSJC continúa sus actividades de dar seguridad a los habitantes de los territorios indígenas, mediante el combate a los grupos de la delincuencia organizada, por lo que aseguraron que sus policías no se van a desarmar y esa fue una decisión que aprobaron en la reunión regional que realizaron el sábado pasado en Playa Ventura, de Copala, municipio de la Costa Chica Guerrerense.