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CUERNAVACA

Atentos a la sesión de alcohólicos anónimos, ninguno de los asistentes se percató de la irrupción de dos hombres y una mujer armados. Sólo cuando les ordenaron tirarse al piso supieron que se trataba de un hecho delictivo.

—¡Quién es Eli Montejo! —gritó uno de los secuestradores. El silencio cubrió el salón. Entonces el hombre armado jaló del cabello a un miembro del grupo de rehabilitación y le apuntó a la cabeza. El amago fue suficiente para identificar al empresario Eli Montejo.

Lo sometieron, lo sacaron del lugar y se lo llevaron en una camioneta. Veinte horas después fue liberado junto con otras cuatro víctimas retenidas en una casa de seguridad, en el municipio de Temixco. Entre los rehenes había dos estudiantes secuestradas días antes en Jiutepec; ambas demarcaciones son del centro del Morelos.

Un mes antes fue localizado el cadáver del empresario Javier Guerrero Zazur, plagiado en junio pasado y en cautiverio más de 80 días. Era consejero ciudadano de seguridad pública en el estado.

Durante la primera quincena de agosto también fue secuestrado el ex edil de Tetecala de la Reforma, Víctor Tapia Ocampo. Hasta la fecha se desconoce su paradero.

A finales de ese mes, la entonces vocera del gabinete de Seguridad y Justicia, Jacaranda Mojica, reconoció una alza de 80% en el número de secuestros, al contabilizar 135 casos en menos de un año. Esta administración, gobernada por el perredista Graco Ramírez, comenzó su gestión en octubre de 2012.

Mojica informó que la fiscalía estatal tenía 135 denuncias por secuestro, pero sólo fueron liberadas 115 personas y de las 20 víctimas restantes dijo desconocer si fueron asesinadas, o aún están cautivas

Precisó que en 11 meses de gobierno se desarticularon 42 células delictivas que operaban en los municipios de Cuernavaca, Jiuetpec, Puente de Ixtla, Temixco, Cuautla, Tlaltizapan y Tlaquiltenango, pero también cometieron plagios en Puebla y Estado de México.

A mediados de año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública divulgó que Morelos ocupaba el primer lugar nacional en la comisión de secuestro, por encima de entidades más violentas como Tamaulipas, Tabasco, Michoacán y Guerrero.

Precisó que de enero a marzo de 2013, Morelos registró una tasa de 1.55 secuestros por cada 100 mil habitantes, de una población estimada en un millón 777 mil 227 habitantes, de acuerdo con el censo 2010 del INEGI.

“Vamos ganando la batalla”: Graco

Con una losa de 370 muertos —de enero a octubre— por la lucha de bandas por el mercado de las drogas, el gobernador de Morelos ofreció un informe de labores al cumplir un año de gestión y admitió que su gobierno no ha logrado la paz y la seguridad que los ciudadanos piden, pero en cambio, dijo, hay avances en la construcción de un gobierno más democrático.

Ramírez dijo que al asumir el mandato las corporaciones policiacas estaban involucradas con el crimen organizado y la justicia no se aplicaba para todos los ciudadanos. Ahora, aseguró, su gobierno no es cómplice ni omiso.

Pero los dirigentes de las principales cúpulas empresariales en el estado juzgan lo contrario.

El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Morelos, Juan Pablo Rivera Palau, afirmó que la inseguridad se refleja en los secuestros, que es el delito de mayor impacto y el que más afecta a la ciudadanía, genera un clima de miedo y cuando sucede inhibe la inversión.

“El Estado ha hecho un esfuerzo con la Policía de Mando Único, pero al final lo que cuenta son los resultados y los medimos. Hoy nadie puede negar que gran parte de la sociedad y los empresarios tienen miedo”, agregó Rivera.

—¿Qué pasó con este gobierno?

—No quiero darte una razón, lo que si puedo decir es que el sexenio pasado la seguridad era un tabú para las instituciones políticas, era de esconder la cabeza y ahora se ataca frontalmente, pero los resultados no son los que esperamos.

“No soy experto en seguridad, no opino en cuanto a estrategias, pero uso la palabra miedo y mientras exista eso difícilmente habrá inversiones. Nosotros estamos en suma, hemos colaborado con pláticas con el secretario ejecutivo de Seguridad, no hemos sido espectadores, pero al final no se han dado los resultados”.

—¿El clima de inseguridad ha detenido las inversiones?

—Es un análisis lógico: uno no invierte donde su patrimonio no está seguro —afirmó.

Rivera Palau, sobrino del ex gobernador Felipe Rivera Crespo, habló con conocimiento de causa: en diciembre de 2007 se libró de un secuestro cuando cuatro sujetos encapuchados pretendían plagiarlo o por lo menos asaltarlo a las puertas de su domicilio, luego de someter con armas a su chofer.

Falla coordinación: cúpulas

Líderes empresariales diferencian la anterior administración, gobernada por el panista Marco Adame Castillo (2006-2012), y la del perredista Ramírez Garrido Abreu.

“Adame no escuchaba, no oía, parecía que ni siquiera vivía aquí. Ramírez está abierto a la critica, pero de nada sirve la apertura si el gabinete de Seguridad y Justicia no tiene coordinación.

“Nos vamos a la cabeza y encontramos que es más fácil hablar con el gobernador que con el secretario de Gobierno (Jorge Messeguer Guillén)”, acusó Juan Carlos Salgado Ponce, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el estado.

Rivera Palau considera necesario elaborar un plan de contingencia de seguridad que incluya la presencia de las fuerzas federales en Morelos para consolidar la tranquilidad.

Alejandro Escobar Botello, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Morelos, advirtió que de continuar la situación de inseguridad, varias empresas migrarán a otras entidades, lo que afectaría severamente la economía.

Llamó a la adhesión de los empresarios al Consejo Ciudadano de Seguridad para rescatar al gremio de la delincuencia. El plan es interesante, pero no sólo es verlo de afuera “aquí si podremos ser juez y parte”.

Señalan responsables

Según los líderes del CCE y la Coparmex, parte de la crisis de seguridad que vive Morelos tiene su origen en la falta de coordinación entre la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna; el fiscal Rodrigo Dorantes, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez.

De los tres servidores públicos, dice Salgado Ponce, la titular de la SSP es quien da muestras de provocar una relación ríspida contra el fiscal morelense y la magistrada presidenta del TSJ.

“Parece que tiene un frente abierto contra el procurador de Justicia y la magistrada y mientras tanto emerge la delincuencia muy organizada”, dice el empresario.

Recuerda que cuando estuvieron con el gobernador en junio, reconocieron su esfuerzo por presidir la reunión interinstitucional todos los días a las ocho de la mañana, pero “le dijimos que si no había resultados, entonces era mejor comenzar los cambios en el gabinete”.

Ante las acusaciones, Vázquez Luna respondió a Salgado Ponce que en el sistema de seguridad y justicia no influye la postura personal de sus integrantes, porque hay un marco jurídico que norma los procedimientos y el que se pronuncia por el marco de la legalidad siempre es el juez, con independencia de lo que pretenda cualquier servidor público que por su posición jerárquica pretenda imponer.

“La función de la SSP, a través de su estado de fuerza, está limitado a la detención en flagrancia, porque la investigación y judicialización de las carpetas de indagación es competencia del Ministerio Público, único organismo facultado para hacer una acusación ante el órgano jurisdiccional, que son los jueces.

“Ni siquiera es una facultad de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, porque éste tiene, de acuerdo con la ley, otro tipo de facultades”, expone.

El fiscal Dorantes defendió la coordinación con la SSP: “Actuamos de manera conjunta y coordinada para combatir los delitos que más preocupan a la ciudadanía, como el secuestro”.

Aludió la integración de ambos en el Grupo Interinstitucional Morelos, cuyo fin es “dar puntual seguimiento al fenómeno delictivo en la entidad”.

Cobro de piso

Sin embargo, otros líderes empresariales, como Valdemar Arista Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de la Vivienda Morelos (Canadevi), dicen que en los hechos la inseguridad provocaron una caída en las ventas de casas de 40%.

Arista Ruiz precisó que para el primer semestre del año se pronosticaba la venta de 10 mil viviendas: sólo se fueron 6 mil.

A nivel nacional, la venta de casas se redujo 25%, pero el caso de Morelos es excepcional, porque “definitivamente la falta de circulante, la inseguridad y la mala imagen a nivel nacional, obligó a los morelenses a emigrar a otras entidades y ahuyentó a inversionistas”.

Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Morelos, declaró que en una reunión con 45 empresarios de servicios turísticos, especialmente hoteleros, coincidieron en que el declive del sector se debe a la inseguridad y a la mala imagen del estado. Precisó que de mayo a la fecha se registró el cierre de 30 empresas del sector.

Magda Ponce Hernández, presidenta de la Asociación de Propietarios de Escuelas Particulares de Cuernavaca (Apepac), madre del dirigente del CCE, afirmó que con la crisis de seguridad, los empresarios de escuelas particulares registran la disminución de sus matrículas hasta 40%, lo que provocó el despido de 10% del personal.

Al cúmulo de reproches se sumaron sindicatos de empresas cerveceras y refresqueras, como Cuauhtémoc-Moctezuma, Coca-Cola y Lala, cuyos líderes denuncian que se roban las unidades que aparecen después, pero sin mercancía.

Baldemar Tinoco Ortega, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Actividad Comercial y sus Derivados, dijo que más de 30% de sus agremiados han sido asaltados con violencia.

Frente al acoso de los hampones, los comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca decidieron negar cualquier pago solicitado por el crimen organizado: “Jamás pagaremos el derecho de piso”.

Eduardo Peimbert, presidente de los comerciantes, afirmó que la delincuencia y los cobros de derecho de piso ya golpearon a sus socios, incluso a los miembros de la mesa directiva de la organización.

Por eso, agregó, iniciaron un programa piloto de 18 cámaras de videovigilancia en el primer cuadro de la ciudad, lo que implicó un gasto de 300 mil pesos con cargo para la asociación.

Asimismo, la Canacintra expuso que la delincuencia afectó al sector de la construcción con robos de mil toneladas de varilla al mes. Incluso ya comienzan a “cobrar derecho de piso” a empresas.

Adrián Inda Valencia, presidente del sector de la construcción de la Canacintra, aseguró que la mayor preocupación es que en las últimas semanas los delincuentes comenzaron a pedir cuotas por cada obra que empiezan.

“Abordan a los operadores de equipo de maquinaria pesada, les dicen que deben dos meses y es tanto. Supuestamente van a regresar por su pago en las próximas semanas, por lo que hasta el momento no han pagado nada”, acusó Inda Valencia.

Ante la andanada de señalamientos, Dorantes, fiscal morelense, llamó a la ciudadanía a confiar en las instituciones de seguridad y de justicia, y por medio de la denuncia ciudadana, coadyuvar en las acciones encaminadas a lograr un Morelos seguro y en paz.

“Si ustedes denuncian y nos avisan o nos ponen sobre alerta de vecinos, conocidos o de gente que llega a nuestros municipios y que no están haciendo cosas que deben ser las legales, les agradecemos, porque por su denuncia hemos detenido a varios delincuentes”, expresó el procurador de Justicia en Morelos, en el municipio de Temixco.