CHILPANCINGO. El secretario general de Gobierno en Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, dijo que será el gobierno federal quien determine la legalización o no de las policías comunitarias y qué tipo de armas podrían utilizar.

Ayer, en la comunidad de El Pericón, Tecoanapa, municipio de la Costa Chica, se realizó la primer mesa de diálogo con representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y funcionarios del gobierno estatal.

Integrantes del UPOEG pidieron, entre otras cosas, la devolución de las cinco armas de fuego que militares decomisaron a elementos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) y que desencadenó la toma de carreteras federales, así como la retención de unos 70 militares y cinco funcionarios del estado.

El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, refirió que el acuerdo que suscribieron fue instalar una agenda municipal, estatal y federal, y mantener un diálogo permanente para resolver las demandas que se han planteado, así como construir una nueva relación con el estado.

“Hoy habrá una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación, en el DF, donde se plantearán demandas urgentes de atender, entre ellas el analizar qué tipo de armas, en su caso, podrían utilizar los elementos del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana que opera la UPOEG, así como la realización de obras sociales en las comunidades”, dijo.