ACAPULCO. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, condicionó a la policía comunitaria que si no quieren acciones de hostigamiento, deben de estar al margen de la ley, pues advirtió que seguirán los desarmes de las llamadas autodefensas y que se seguirá aplicando la ley a cualquier grupo que pretenda hacer justicia por su propia cuenta.

“Hostigamiento no lo habrá siempre y cuando no se aparten de la ley, pero si alguien porta armas que están reservadas para el Ejército, se va a proceder al desarme o que no se den situaciones como que están bloqueando las carreteras, donde se cometen detenciones que no se corresponden o que bien no pueden de ninguna manera ellos hacer funciones de jueces”, insistió.

Entrevistado en el puerto, dijo que se girarán órdenes de aprehensión contra las personas que han realizado bloqueos carreteros y protagonizado la toma de ayuntamientos como el de Tixtla el lunes pasado, cuando elementos de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) golpearon y despojaron de sus armas a policías locales. “La ley se tendrá que seguir respetando”.

En el caso del desarme por parte del Ejército a unos mil integrantes de la CRAC el martes pasado en Cruz Grande, Aguirre Rivero aseguró que hay instancias para que se denuncien abuso de poder, pues los dirigentes de la CRAC revelaron que varias mujeres indígenas y niños fueron golpeados e insultados por solados.

El gobernador guerrerense aseguró que su administración no permitirá que se violenten los derechos de las personas que las autodefensas o policías comunitarias detienen por haber cometido presuntos delitos.

Recordó el caso de al menos siete mujeres que fueron retenidas contra su voluntad durante más de tres meses para ser “reeducadas”.

“Se les rescató simple y llanamente porque estaban violando sus derechos humanos. No llevaban uno ni dos días. Ayer el testimonio que dio una de las señoritas es que llevaba más de tres meses. Nosotros no podemos de ninguna manera permitir ese tipo de situación”, puntualizó.

En cuanto a la iniciativa que envió a la 60 Legislatura para la creación del Cuerpo de Policía Rural Estatal, Aguirre aseguró que no se contempla a la CRAC, ya que está amparada en la Ley 701 de la Constitución guerrerense como Policía Comunitaria.

Denuncian desapariciones

Gonzálo Molina González, coordinador de la CRAC-PC de Tixtla, informó que 70 policías comunitarios de Ayutla y Cruz Grande se encuentran desaparecidos desde el pasado martes, cuando elementos del Ejército y Marina los desarmaron cuando realizaban una caravana para exigir la libertad de 13 de sus compañeros y de la coordinadora de la CRAC-PC de Olinalá, Nestora Salgado García.

Denunció que les fueron decomisadas 500 armas entre las que había escopetas y rifles calibre 22, por lo que demandó a la Sedena su devolución, así como la presentación de los presuntos 70 policías comunitarios “que los tenemos en calidad de desaparecidos y su número puede aumentar porque se está realizando el censo en las comunidades”.