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En espera a que en la Procuraduría General de la República (PGR) se defina la situación jurídica de 41 integrantes de la autodefensa de Aquila, Michoacán, algunos familiares de los detenidos acusaron presuntas irregularidades en las diligencias ministeriales, pues aseguran que están incomunicados, que nos les permiten designar un defensor particular ni recibir visitas.

Por estos hechos, indicaron que formalizarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque ya visitadores del organismo acudieron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) para verificar las condiciones de los policías comunitarios, quienes fueron detenidos el miércoles pasado, en una operación en la que apoyó el Ejército.

Los familiares arribaron ayer a la sede de la SEIDO —en la colonia Guerrero del DF— en un intento por entrevistarse con algunos de los aprehendidos, pero aseguran que se les ha impedido todo contacto, por lo que indicaron que es irregular que los mantengan incomunicados.

Aunque no quisieron identificarse y optaron por el anonimato, indicaron que saben que sus parientes han sido interrogados desde ayer en la madrugada, pero no se les permitió designar a un abogado de su confianza, por lo que temen que no estén siendo asistidos de forma adecuada.

Alrededor de 30 personas se apostaron frente a las instalaciones de la SEIDO, en espera de que las autoridades ministeriales les permitan entrevistarse con los detenidos, a pesar de que aseguran que haberse trasladado al DF implicó para ellos un riesgo a su seguridad, pues salir del municipio los hizo posible blanco del crimen organizado, ya que desde el desarme de la autodefensa quedaron a merced de los grupos delictivos en la región.

Los 41 detenidos que son acusados por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fueron trasladados desde la madrugada del jueves a la SEIDO, por razones de seguridad y competencia, donde se toma su declaración antes de que se determine si se ejercita o no la acción penal en su contra.

Hasta el momento, el único cargo por el que son investigados los policías civiles es el de posesión y uso de armas reservadas a las fuerzas federales, aunque fuentes de la PGR consultadas no descartaron que se les pudieran fincar otros cargos a partir de las declaraciones que han rendido, respecto a la forma en que obtuvieron las armas que les fueron decomisadas durante la operación del miércoles pasado.

Será hoy cuando el Ministerio Público de la federación determine la situación jurídica de los aprehendidos, de un total de 45 personas aseguradas en Aquila, pero los cuatro restantes quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, donde se les investigaba ya por delitos como secuestro y asociación delictuosa desde su conformación como autodefensa.