Paralelo a la investigación por el desfalco financiero en Tabasco durante la administración de Andrés Granier, José Manuel Saíz Pineda, ex secretario de Finanzas, está implicado en un nuevo caso de corrupción con el negocio millonario de viviendas para damnificados de las lluvias del año 2007.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció penalmente al Saíz Pineda, así como al ex edil de Centro, Evaristo Hernández, actual candidato para dirigir al PRI estatal; a cuatro ex empleados de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y a ex trabajadores del gobierno estatal por el presunto delito de coalición de servidores.

La SFP realizó una investigación en la que acreditó que estas personas incumplieron un acuerdo para comprar terrenos para construir casas que serían otorgadas a las personas que resultaron afectadas

En 2008, la PGR inició una investigación a la empresa mercantil Suministros de El Carmen, propiedad de Abraham Cupil —padre de Marlene Cupil, asistente de Saíz, a quien le decomisaron 88.5 millones de pesos en una refaccionaria.

La denuncia presentada fue por la compra-venta de terrenos y para luego revenderlos al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), pues supo el lugar donde la dependencia desarrollaría casas destinadas a población asentada en zonas de riesgo.

Por esa operación, Suministros de El Carmen obtuvo una ganancia de 143 millones 843 mil pesos, luego de invertir 102 millones 272 mil pesos.

Se presume que los ex servidores públicos realizaron la operación con información privilegiada, tráfico de influencias o como prestanombres de algún funcionario, la empresa realizó un negocio “redondo”.

La SFP explicó que la Conavi y autoridades del Invitab suscribieron en 2007 un convenio para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas, para resarcir los daños ocasionados a habitantes de 17 municipios por las inundaciones de octubre de ese año.

La Conavi aportaría 350 millones de pesos y el estado agregaría 38.5 millones. A 10 días de firmado el acuerdo, la comisión realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas, que a su vez canalizó los recursos al Invitab, hasta agosto de 2008.

El Invitab con autorización de su Consejo de Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados de urbanización y construcción de las viviendas.

En 2011, al no haberse cumplido el convenio original, los funcionarios involucrados signaron un documento de transacción para convalidar las irregularidades en su desempeño, pese a que en enero del mismo año, la Conavi solicitó al Invitab el reintegro de los recursos federales y sus cargas financieras.