VILLAHERMOSA

La Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJT) consignó la segunda averiguación previa y solicitó el ejercicio de acción penal persecutoria y reparadora contra el ex gobernador Andrés Granier Melo y otros tres ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas, por el presunto delito de peculado, en su modalidad de pandilla, únicamente del ejercicio fiscal 2012, por la cantidad de 2 mil 604 millones 696 mil 873 pesos.

El titular de la PGJT, Fernando Valenzuela Pernas, explicó que se halló un daño al erario en la Secretaría de Finanzas en los seis años que gobernó Granier (2007-2012) por un monto superior a 9 mil 887 millones de pesos.

Este martes se consignó la averiguación previa que solicita también la acción penal y persecutoria contra el ex secretario de Administración y Finanzas José Manuel Saíz Pineda; al ex subsecretario de Egresos Miguel Ángel Contreras García; y al ex tesorero de la misma dependencia Alejandro Villegas Aparicio.

Valenzuela aclaró que la investigación está abierta —con un concentrado de 31 mil 62 páginas— y continúa en estrecha coordinación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la PGR e instituciones privadas.

A inicios de noviembre, la PGJT consignó otra averiguación contra Granier y Saíz, así como otra docena de ex funcionarios, por su presunta complicidad en el desvío de 196 millones de pesos de la Secretaría de Salud (expediente penal 157/2013), donde se les acusa de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Agregó que el ex gobernador presentó informaciones falsas al Congreso del estado sobre las finanzas públicas, lo que pudiera ser un agravante a su consignación.

Según las indagatorias, Granier fue informado sobre los malos manejos financieros en Educación y Salud, pero no corrigió ni hizo los ajustes para evitar el dispendio. La consignación deriva de la denuncia de hechos presentada por la Contraloría, el pasado 2 de abril, por retiros irregulares del ejercicio 2012 y desviación de 2 mil 604 millones 696 mil 873 pesos, dinero que fue retirado en efectivo sin soporte documental de sus gastos.

EL UNIVERSAL informó el pasado 12 de junio el modus operandi de la gestión de Saíz para sacar millones de pesos en efectivo de la cuenta 7046 de Bancomer. Para el personal de la Caja General de la Secretaría de Finanzas era rutina ver a custodios de Cometra con cajas de cartón con millones de pesos que eran “ingresados” a la bóveda y luego desparecían.

Ayer, la agente del Ministerio Público, Luz del Alba Pardo, confirmó y detalló los mecanismos utilizados por los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas para realizar movimientos en efectivo, que eran depositadas en la caja de la dependencia.

La fiscal mencionó que los recursos federales del Ramo 28 llegaban por conducto del Banco de México, y de esa cuenta eran repartidos a las instituciones bancarias Scotiabank, Banamex y Bancomer. Luego, Cometra los llevaba a la caja principal de Finanzas. Las cuentas de los dos primeros bancos alimentaban a una cuenta “madre” o concentradora, la 7046 de Bancomer, a la cual también se ingresaban cobros estatales.

“Mediante oficios de instrucción —firmados por Miguel Ángel Contreras— se retiraban los recursos en cantidades inferiores a los 3 millones de pesos acumulados en hasta por más de 50 oficios en un solo día, para que depositaran en la bóveda de la Secretaría de Finanzas.

“Las cajeras quitaban los cintillos a los billetes y los guardaban en cajas de cartón de huevo y en el transcurso de la noche y madrugada desaparecían”, relató Pardo.

La agente del MP aseguró que, presuntamente, 60% de los recursos serían destinados al sistema contable de Finanzas, y 40% se enviarían a la Seguridad Pública y a la Procuraduría de Justicia, “recursos que nunca llegaron”.

Explicó que en 2012 se entregaron en efectivo cantidades millonarias, destacando los meses de enero y marzo, con más de 500 millones de pesos cada uno; el más bajo fue diciembre, con 15 millones.

El procurador señaló que este mismo tipo de retiros se hicieron de 2007 a 2012, acumulándose en 9 mil 887 millones de pesos de recursos sin sustento documentado.

El fiscal afirmó que el trabajo de la dependencia ha sido arduo y permanente en el caso y continuará en aras de que los responsables del daño al erario reciban un castigo conforme a la ley.

El titular de la PGJT dijo aparte de esta consignación hay otras investigaciones abiertas e incluso hay 30 averiguaciones previas en contra de otros ex funcionarios.