VILLAHERMOSA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio y atrajo el caso del menor humillado en Tabasco, mientras que la Procuraduría General Justicia estatal (PGJT) advirtió que fueron dos los empleados municipales que maltrataron al niño tzotzil, sobre los que pesa una orden de detención como presuntos responsables de los delitos de abuso de autoridad y robo con violencia moral.

La CNDH señaló que desde el momento en el que los medios de comunicación dieron a conocer el hecho envió a visitadores al lugar para buscar al niño y recabar testimonios.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha planteado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de que la sociedad y las autoridades de los tres ámbitos de gobierno sumen esfuerzos para preservar la integridad personal, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez mexicana y ha hecho hincapié en que resulta inaceptable toda forma de violencia contra los menores, en especial contra los indígenas que constituyen uno de los grupos de la población más vulnerables de nuestro país”, recalcó.

En tanto, el gobierno del estado informó que son dos los acusados de humillar al niño: Juan Diego López Jiménez, trabajador adscrito a la Coordinación de la Zona Luz, y Carmen Torres Díaz, quien ayer fue detenida, según informó la fiscalía a través de su cuenta de Twitter.

“PGJ acaba de detener a Carmen Torres, por su participación en el abuso del niño dulcero Manuel”, publicó a las 14:25 horas; el otro funcionario está en calidad de prófugo.

Esta semana, a través de Youtube se publicó un video donde Juan Diego despoja al niño tzotzil de unas cajas de cigarros y lo obliga a tirar su mercancía, mientras platica con Carmen, quien no interviene.

La noche del lunes, en un comunicado, el gobierno estatal informó que la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables de esa Procuraduría inició la averiguación previa CAMVI-II-537/2013 por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y robo.

La PGJ indicó que los “probables responsables” del maltrato son Juan Diego López Jiménez y Carmen Torres Díaz, por lo que giró orden de localización y presentación.

Mientras, en un comunicado la CNDH informó que investigará el caso del niño humillado y dará seguimiento a las pesquisas que hagan la Procuraduría del Menor y la Familia y demás autoridades de Tabasco, a fin de proteger a la víctima, y en su momento determinará lo que a derecho corresponda.

Reaparece menor

El niño fue localizado ayer, luego de que se desconocía su paradero tras la humillación de la que fue objeto por dos funcionarios estatales.

Incluso, el gobernador Arturo Núñez platicó con el menor, a quien la ratificó que se le otorgará una beca para que continúe sus estudios.

Anoche, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJT) señalaron que no habían podido localizar al menor.

Sólo por versiones de quien dijo ser tía de Manuel se señaló que había retornado a su comunidad en Chiapas, pero en el paraje El Romerillo, en San Juan Chamula, dijeron que no se encontraba el pequeño.

Al considerar que la tía, Manuela Díaz Díaz, aseguró que el infante no tiene padres, mediante el oficio CEDH/3V-1063/2013, la CEDH dio vista al DIF-Tabasco para que se resguarden los derechos del menor tzotzil involucrado; sin embargo, en Chiapas, se dio a conocer que el niño sí tiene mamá, quien lo esperaba de regreso en casa desde el viernes.

La CEDH remitió medidas cautelares al ayuntamiento de Centro para que adopte las acciones legales y garantice la integridad física y sicológica del menor, así como el resguardo de los productos decomisados.

Presumen trata de personas

Sin sustentarlo con algún indicio, la CEDH de Tabasco señaló que en el caso del niño tzotzil que obtuvo notoriedad en un video donde es maltratado por inspectores municipales, existe la presunción de ser objeto del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación infantil.

En un comunicado, señaló que el organismo presentó la demanda e inició la averiguación previa APCAMVI-II-537/2013, en la que se denunció también el abuso de autoridad de los inspectores municipales.

La demanda del organismo ante la Procuraduría General de Justicia fue “por la posible comisión de los delitos de trata de personas, en su modalidad de explotación infantil, así como abuso de autoridad”. (Con información de Liliana Alcántara)