El gobernador Ángel Aguirre Rivero envió al Poder Legislativo local una iniciativa de reforma al Código Penal del estado, para tipificar como delito grave el tráfico de información oficial relacionada con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y el sistema penitenciario.

El planteamiento es sancionar hasta con 15 de años de prisión a los servidores públicos que filtren o faciliten información oficial a los grupos de la delincuencia organizada, a cambio de una remuneración económica.

El motivo de esta reforma planteada al artículo 268 del Código Penal vigente, obedece a que se ha detectado que la delincuencia contrata a personas (denominadas halcones) para que les proporcionen información sobre las acciones, actividades y movimientos de funcionarios de seguridad, procuración e impartición de justicia, con la intención de evitar el cumplimiento de la función pública y el combate a la propia delincuencia.

A través de un comunicado se informó que la iniciativa se originó por la grave problemática de inseguridad que existe en Guerrero, la cual es causada por múltiples factores, principalmente de índole social, pobreza, cultural y económica, razón por la cual la sociedad reclama acciones concretas para contener y revertir los sucesos.

El gobierno del estado consideró que no es suficiente capacitar, dotar e incrementar el número de policías para disminuir los niveles de violencia e inseguridad, creyendo necesario generar herramientas jurídicas que permitan prevenir, perseguir y sancionar las malas conductas de las personas que conforman la llamada inteligencia primaria dentro de las estructuras de las organizaciones criminales.

Estableció que con esta iniciativa de decreto se busca adecuar el marco jurídico penal a las nuevas exigencias sociales, para evitar que la delincuencia se haga llegar de información relacionada con el sector de la seguridad pública e impida la aplicación de la ley.

Por ello, planteó que se adicione el Artículo 268 bis, al Título III, de la Sección Cuarta, del libro segundo del Código Penal del Estado de Guerrero y se reforme el segundo párrafo del Artículo 70 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero.

Propuso que el Artículo 268 Bis sancione de dos a 15 años de prisión a quien obstruya la función de seguridad pública, obteniendo información sobre las actividades propias de las instituciones de procuración e impartición de justicia; en caso de ser miembro de alguna institución gubernamental.

También que se sancione de 2 a 8 años de prisión a los elementos de seguridad pública que con la intención de cometer el delito, no justifiquen la propiedad o legitima posesión de tres o más teléfonos celulares, aparatos o sistemas de comunicación electrónica, o de radiocomunicación.

El gobierno de Guerrero confió que con estas reformas, se pueda inhibir o disuadir este tipo de prácticas delictivas, al advertir a los destinatarios de la norma sobre las sanciones a que se pueden hacer acreedores al incurrir en las conductas descritas.

spb