El Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (CCSDEG), integrado por 30 organizaciones sociales y empresariales, entre ellas la Coparmex, dieron a conocer que conformarán grupos ciudadanos de autodefensa en esta capital, ante la ola de secuestros, extorsiones, asesinatos y destrucción de sus propiedades por parte del crimen organizado, tolerado -según afirmaron- por elementos policiacos y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Jaime Nava y Francisco Osorio Flores, de la Coparmex; Apolinar Segueda Dorantes, de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), y María Luisa Vargas Mejía, de la Maquiladora de Uniformes Trabajando Unidos por Guerrero, dieron a conocer en un documento que le fue entregado al presidente Enrique Peña Nieto, que esta capital "está a punto del estallido social, pedimos al Estado mexicano restablecer el estado de Derecho".

Advirtieron que la situación que están viviendo comerciantes y empresarios es "insoportable", por lo que si el gobierno no actúa en contra de los grupos delincuenciales, sin que haya un término de tiempo, van a implantar la estrategia de conformar grupos de autodefensa en esta capital.

"La paciencia de los habitantes de Chilpancingo ha rebasado el límite, porque no existe el estado de Derecho, quienes mandan son los criminales protegidos por los tres niveles de gobierno, que han impuesto un sistema recaudatorio paralelo al del Estado mexicano".

Informaron que están a punto de seguir el ejemplo de municipios de Guerrero y Michoacán, por lo que si no se les atiende, "no tendremos otra alternativa más que tomar la justicia en nuestras manos, ejerciendo nuestro inalienable derecho a la autodefensa".

Denunciaron que desde el 2011, el problema de las extorsiones y secuestros por parte de los grupos criminales ha ido creciendo, "casi nadie se salva del cobro de ‘piso', y quienes aún no lo hacen, poco les falta en ser obligados".

Denunciaron en ese documento que a dueños de ferreterías, casas de materiales, constructoras, tablajeros, pollerías, abarrotes y hoteleros, se les obliga a entregar determinada cuota periódicamente dependiendo de la actividad que sea.

En el caso de las empresas constructoras, dijeron, se les obliga a pagar hasta el 15 por ciento del valor del contrato, aparte de obligarlos a firmar contratos colectivos con sindicatos que ellos controlan.

Segueda Dorantes, de la UTD, denunció que las autoridades del Transporte estatal han permitido el funcionamiento de 60 "combis", 86 camionetas recolectoras de basura y 200 taxis, controlados por lo que dijo es la "maña", por lo que aun a pesar del dolor, el temor y el miedo, "nos vamos a poner de pie".

María Luisa Vargas dijo por su parte que los grupos delincuenciales "nos han robado la paz, la tranquilidad y la armonía, y dónde están las autoridades, a las que les queremos decir que no pretendemos generar violencia, la guerra, pero sí que el gobierno actúe brindando seguridad".

En el documento entregado Peña Nieto se le informa que para el cobro de "piso" los delincuentes acuden personalmente a los negocios a cobrarlos e inclusive voltean hacia las cámaras de video a manera de reto.

Aseveraron que actualmente hay 15 comerciantes secuestrados, más de 100 familias han tenido que salir de esta capital, "todo esto es posible debido a que los criminales reciben protección".

Los comerciantes pidieron el despliegue de una fuerza federal que erradique de Chilpancingo a los grupos delincuenciales, que la PGR atraiga los casos de extorsión y secuestro, que se investigue y ejerza acción penal en contra de servidores públicos y policías municipales, estatales y federales que han brindado protección a los criminales o han incurrido en negligencia.

spb