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La Comisión Nacional de Derechos Humanos entregó al Gobierno de Zacatecas cuatro reportes con 357 irregularidades en el funcionamiento de tres centros de reinserción social, siete cárceles municipales o distritales, 11 separos de seguridad pública o juzgados, 25 agencias del Ministerio Público, tres albergues para atención a víctimas de delitos y asistencia social en esa entidad.

En un comunicado la CNDH destacó que entre las 357 irregularidades se encuentran inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad, deficiencias en la alimentación, falta de lugares de detención, carencia de defensores públicos así como intervención de autoridades no especializadas en casos de adolescentes en conflicto con las leyes.

Además, mencionó, hay omisiones en los registros de personas privadas de la libertad, inadecuada separación y clasificación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos, inadecuada difusión de reglamentos a la población interna y la inexistencia de una ley estatal para prevenir y sancionar la tortura.

En los reportes dirigidos al gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes, la CNDH informó que faltan manuales de procedimientos relacionados con el ingreso, estancia y egreso de las personas privadas de la libertad en Agencias del Ministerio Público y centros de reclusión.

"Irregularidades en la prestación del servicio médico; inexistencia de programas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia en los lugares de detención; omisión de supervisión de autoridades superiores a estos sitios", enlistó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En tanto, la CNDH explicó que en otros lugares de detención se encontró que las instalaciones no cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad física y discriminación a personas que viven con VIH/SIDA.

La CNDH reportó que al momento de las visitas realizadas por el personal de la comisión había un total de dos mil 849 personas detenidas en los distintos lugares revisados, de las cuales 150 eran mujeres y dos mil 660 hombres, así como 22 adolescentes hombres y 17 adolescentes mujeres.

Finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró "la importancia de prevenir cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de las personas privadas de la libertad, para dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención e internamiento y evitar la presencia de factores de riesgo que puedan dar lugar a actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes".

spb