CUERNAVACA, Mor. El coordinador de asesores del gobernador Sergio Estrada Cajigal, Luis Javier Camargo Seemann, pretende despojar a una familia de un predio de aproximadamente 47 mil 500 metros cuadrados, a quienes alquiló el terreno y después argumentó legalmente que fue timado.

La denuncia por escrito llegó a la redacción de EL UNIVERSAL, pero el expediente fue turnado a la comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos, cuyo presidente, el panista Antonio Tallabs Ortega, dijo a la prensa que "el asunto no sería ventilado". Paralelamente el secretario general de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, declaró a los medios de comunicación que un grupo de abogados estudia la sustitución de Antonia Estrada Cajigal Ramírez, hermana del gobernador, en virtud de los señalamientos de que el Ejecutivo estatal estaría incurriendo en nepotismo.

Esta es la segunda acusación que enfrenta Sergio Estrada Cajigal por nepotismo, pues siendo alcalde de Cuernavaca mantuvo a su suegro al frente del cuerpo de Bomberos y a su hermana como directora del DIF municipal. En su momento argumentó que no percibieron salario hasta su salida cuando fue electo precandidato del PAN a la gubernatura del estado. En el primer caso, los hermanos Ofelia, María de Lourdes y Francisco Emigdio Santillán Leyva, buscan el apoyo del Congreso del estado en virtud de que el actual coordinador de asesores de Estrada Cajigal los emplazó, a través de su abogado Raúl Hernández Salazar, a entregar 10 metros cuadrados del predio o en su caso 10 millones de pesos, para desistirse de la demanda.

El origen del caso data de octubre de 1998 cuando Luis Javier Camargo alquiló el predio para usos varios, bajo el acuerdo mutuo que el gobierno estatal proyectaba la construcción de un puente y una calle, pero después dijo desconocer tales planes y demandó a los propietarios bajo el argumento de que fue timado.

"Valiéndose de su posición como servidor público, de sus influencias y de un sin número de violaciones cometidas en los respectivos juicios, logró que una juez -basándose en documentación falsa- dictara sentencia obligándonos a pagar la increíble cantidad de 27 millones de pesos", precisa el escrito de la denuncia.