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GUANAJUATO.— Que el nuevo Instituto Mexicano de Cine y el Audiovisual sea el responsable de imponer sanciones a quienes no cumplan la nueva ley en la materia, es uno de los puntos más álgidos que se discuten ahora entre los involucrados.

Mientras cineastas y productores ven con buenos ojos la decisión, en el seno de los exhibidores se tiene algo de temor en cuanto a los probables castigos.

El nuevo instituto, que reemplazaría al Imcine, se encuentra en la nueva ley que tentativamente se comenzaría a discutir legislativamente en septiembre.

Inna Payán, presidenta de la Asociación Mexicana de Productores Independientes (AMPI), señala que se ha estado trabajando con todos los sectores para lograr consensos entre todos los actores. “Estamos llegando a consensos que creemos pueden modificar ciertas cosas que nos beneficie.

“Hablamos de las cuotas en pantalla (para cine mexicano), de hacer un organismo autónomo que tenga decisiones propias y no dependa tanto de Conaculta, que pueda fungir no como vigilante, porque no es la palabra, sino como supervisor de que la ley se cumpla”, señala.

La figura actual del Imcine se enfoca en manejar fondos para apoyar la producción de cortos, documentales y largometrajes; así como el manejo de la presencia del cine nacional en festivales internacionales y difusión del mismo. No cuenta con facultades para revisar el trato que se da a producciones cuando llegan a cines.

“Queremos que sea ahora un supervisor de que se cumpla la ley, darle nuevas facultades que nos puede ayudar porque quien más sabe, es precisamente el Instituto. A los exhibidores les preocupa mucho las penalizaciones, creo yo, no les preocupa que el Instituto revise”, agrega Payán.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, ha estado representada en las pláticas de planeación, comenta la entrevistada. La propuesta de ley fue impulsada desde enero por la senadora panista Marcela Torres Peimbert.