Procuradores de 14 estados de Estados Unidos pidieron el jueves a la Corte de Apelaciones que destrabe y permita la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de migración.

La petición fue formulada por los procuradores de California, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont y el Distrito de Columbia.

A través de una "moción amistosa" (File Amicus brief), los abogados de esos estados pidieron a la corte que sea permitida la implementación de la orden ejecutiva.

Esto luego de la resolución de un juez de una corte de Texas, que impidió la aplicación de partes de la orden ejecutiva, que beneficia a millones de indocumentados en el país.

La procuradora de California, Kamala D. Harris, informó a través de un comunicado la petición para remover la medida cautelar del juez de Texas.

"El presidente Obama ha propuesto acciones de sentido común que ayudarán a arreglar nuestro fracturado sistema de inmigración y mejorar economía y seguridad pública de California" , apuntó Kamala.

"Con más de un millón de californianos trabajadores elegibles para este beneficio, nuestro Estado tiene una participación importante en la implementación exitosa de estas acciones de inmigración" , mencionó Harris.

"De todo corazón instamos al Quinto Circuito a emitir una resolución para que familias de California pueden comenzar a salir de las sombras y disfrutar del sueño americano" , destacó.

Acciones de inmigración del presidente Obama permitirán a unos cinco millones de personas, incluidos un millón 200 mil californianos, para solicitar la protección de la deportación y la autorización de trabajo, precisó.

Aseguró que se requerirá a las personas elegibles a presentar datos biométricos, pasar controles de seguridad de antecedentes penales y pagar impuestos.

De igual forma a cumplir con los requisitos específicos para el programa de acción diferida, incluido haber residido en los Estados Unidos durante al menos cinco años, agregó.

Los procuradores estatales consideraron que permitir el programa de inmigración será "para avanzar abrumadoramente en el interés público" .

Estos beneficios incluyen permitir a los inmigrantes salir de las sombras, trabajar y contribuir a la economía.

Al mismo tiempo mejora la seguridad pública, al concentrar los recursos policiales en verdaderas amenazas a la seguridad, y la confianza entre las fuerzas del orden e inmigrantes de las comunidades locales.

El escrito señala que cuando los inmigrantes indocumentados puedan trabajar legalmente, beneficiará a economías estatales, al aumentar ingresos y crecimiento.

Resaltó que en ingresos fiscales a California se estima un aumento en recaudación de 904 millones de dólares en los próximos cinco años.

ahd