Washington 

En el verano de 2012, Martha Cruz, una inmigrante del estado de Tamaulipas, recibió de los médicos la noticia que ningún padre desea escuchar. La vida del mayor de sus tres hijos, Juan Francisco, corría peligro ante la aparición de un cáncer que había hecho metástasis.

"La vida nos cambió. Y la posibilidad de inscribir a nuestro hijo en el Programa de Acción Diferida que había anunciado el presidente Barack Obama pasó a un segundo plano. Lo importante era salvar a nuestro hijo".

Fue así como Juan Francisco, en aquel entonces de 16 años, perdió la oportunidad de inscribirse al Programa de Acción Diferida (DACA) que ofrecía una oportunidad histórica a los hijos de inmigrantes indocumentados que hubieran llegado a Estados Unidos en brazos de sus padres o antes de cumplir los 16 años de edad.

"Mis padres se olvidaron de todo y se concentraron en mi salud. Durante meses estuve hospitalizado y mi madre viajaba todos los días desde Homestead, en donde vivimos, para estar a mi lado en un hospital de Miami, recuerda Juan Francisco, quien hoy se recupera de un tratamiento que poco a poco le ha sacado de la zona de peligro. "Por eso no pude presentar mis papeles para aplicar para el DACA", se lamenta Juan Francisco, quien sigue bajo tratamiento y sueña con convertirse algún día en el mejor chef de cocina.

Casi tres años después de ese amargo trance, Martha y su esposo quieren aprovechar las órdenes ejecutivas migratorias que anunció Obama en noviembre para que el tren de los beneficios migratorios que se les fue por culpa de la enfermedad declarada a su hijo, no se les escape por segunda ocasión.

La mala suerte ha querido, sin embargo, que el juez federal de Texas Andrew Hanen se haya cruzado en su camino con una orden judicial para bloquear temporalmente las medidas de alivio que beneficiarían a su hijo Juan Francisco y a ellos mismos por ser padres de otros dos menores de edad que nacieron en Estados Unidos.

"Me entró la rabia y la frustración. Durante meses habíamos preparado todos los papeles para poder aplicar y regularizar nuestra situación. Para evitar que nos separaran como han hecho con miles de familias", aseguró Martha Cruz, una mujer que hace más de 17 años cruzaba la frontera en compañía de su esposo y de su hijo en brazos.

Durante casi dos décadas, Martha y su esposo han trabajado en el campo, en empacadoras y vendiendo comida. "Hemos hecho de todo para salir adelante. Y cuando resultó electo el presidente Barack Obama, nos sentimos muy animados porque creímos que por fin alguien nos haría caso. Que alguien voltearía la mirada a las minorías", aseguró Cruz.

Sus sentimientos hacia Obama son encontrados. Por un lado, él es el mandatario que pasará a la historia por haber deportado, hasta ahora, al mayor número de indocumentados en la historia de Estados Unidos. Pero también es el presidente que se ha atrevido a encarar el poder del hombre blanco y conservador para buscar la legalización de millones de inmigrantes.

En febrero, Martha Cruz acudió a la Universidad Internacional de Florida para participar en un foro con Obama. Lo que escuchó ahí, la dejó esperanzada pero con la convicción de que, "hasta que no veamos que las promesas se convierten en hechos, no podremos cantar victoria". "Tengo mucha fe en que lo conseguiremos", deslizó.

Al igual que su hijo Juan Francisco, Martha Cruz y su esposo, que procrearon otras dos hijas nacidas en Estados Unidos, tienen la esperanza de calificar para el Programa de Acción Diferida que beneficiará a los padres de los llamados Dreamers. El programa, conocido como DACA, fue anunciado por el presidente Obama el pasado 20 de noviembre y beneficia a los padres de hijos que son ciudadanos de EU o que son residentes documentados.

"A pesar de este juez en Texas, tenemos la esperanza de poder calificar para regularizar nuestra situación. Porque la alternativa, es decir, regresar a México, es muy difícil por la situación de violencia que se vive en estados como Michoacán o Tamaulipas, de donde es mi esposo y de donde soy yo".

"Además, mis hijos no conocen otro país más que este. No creo que se pudieran adaptar. Ni que tuvieran las mismas oportunidades para seguir con salud o para tener educación", asegura Martha, mientras lamenta la situación de caos, de violencia y pobreza que sigue castigando a la tierra que dejó casi 20 años atrás.

El caso de Martha Cruz y su familia es sólo entre millones. La lista de quienes sueñan con poder regularizar su situación en Estados Unidos o salir de la lista negra de las deportaciones incluye a ciudadanos de toda Latinoamérica, aunque el grueso de la población lo constituyen mexicanos y ciudadanos de Centroamérica.

Huir de la muerte

Algunos de ellos llegaron huyendo de una muerte segura. Otros, escapando del hambre y la pobreza que hoy sirven de acicate para mantenerse contra viento y marea en EU. La llegada de estos inmigrantes a la Unión Americana marcó el fin de una pesadilla, pero también el inicio de otra de carácter menos grave, pero no por ello menos dramática.

La lucha por salir de las sombras, una batalla que han librado en condiciones de desigualdad y de espaldas a un sector de la clase política que considera que legalizarlos es darles una "amnistía", registraba el pasado 20 de noviembre una importante victoria con el anuncio de las órdenes ejecutivas que beneficiarían hasta 5 millones de indocumentados.

Sin embargo, la orden de Hanen, quien frenó la implementación de estas medidas de alivio, ha vuelto a dejar en el limbo a millones. Hoy, diversos estados exigen aplicar los decretos de Obama, aunque sea parcialmente.

"Me dio un ataque de rabia cuando me enteré de la decisión del juez en Texas", aseguró Jonathan González López, un inmigrante de El Salvador de 22 años, quien llegó a Estados Unidos en 2007 huyendo de una muerte segura.

"Yo tuve que salir porque si no me iban a matar. Tenía 13 años y la policía me quería matar. Yo formaba parte una pandilla, la M18, en mi barrio. Y por eso la policía me intentó cazar, pero conseguí escapar y cruce la frontera de Estados Unidos en 2007 para buscar a mi mamá que había emigrado varios años antes y que pagó 6 mil dólares al coyote para sacarme de El Salvador", recuerda Jonathan mientras organiza un voluminoso archivo de papeles que ha preparado durante varios meses para poder calificar a la ampliación del programa DACA.

"Aquí tengo todo mi récord. Incluido el que me hizo el FBI. Todas las peticiones de visa que he hecho. Todo mi historial como estudiante y como trabajador", añade este joven de complexión menuda que trabaja por las noches haciendo la limpieza en un centro comercial TARGET.

"No sabemos si algún día nos considerarán como uno de ellos. Y nos tratarán en términos de igualdad. Quizá ese deseo no se cumpla nunca. Pero a mí no me importa. Mientras nos den papeles y nos permitan salir de las sombras, para mí ya sería un gran avance", aseguró Jonathan quien se casó y hoy es padre de dos niños ciudadanos de Estados Unidos.

Asimilarse a la cultura y las costumbres de EU no ha sido nada fácil para Jonathan. De hecho, la sensación de rechazo y de no pertenencia le llevó "por el mal camino", según aseguró. "Tuve varios problemas desde que llegué porque en la escuela a la que iba siempre me molestaban. Algunos incluso me reconocían como parte de una pandilla rival en El Salvador y me tenían amenazado. Pero ni el director de la escuela, ni los profesores, entendían esto. Nunca me escucharon", aseguró.

"Ante las amenazas continuas no tuve más remedio que defenderme. Y la escuela llamó a la policía. Me detuvieron y me acusaron. Por fortuna ese incidente quedó registrado sólo en la escuela. No se convirtió en un antecedente criminal".

De esos años, Jonathan conserva algunos tatuajes que pueblan los nudillos de sus manos. El antebrazo y parte del pecho. Hoy, este inmigrante desanda ese camino del rechazo y la violencia en sesiones de varias horas y no poco dolor para deshacerse de esos tatuajes.

"Hoy tengo que preocuparme por mi familia. Estoy casado, tengo dos hijos y viene un tercero en camino", asegura, para tratar de explicar la necesidad de dejar atrás un pasado marcado por el rechazo, por problemas e incidentes menores.

"Yo desafortunadamente no califiqué para la primera fase de DACA (en 2012). Pero ahora reúno todas las condiciones y ya tengo preparado mis papeles para poder aplicar para la segunda fase. Lo malo es este juez en Texas que lo ha bloqueado todo", se lamentó para sumarse al coro de voces que hoy se reagrupan en torno al presidente Obama en su lucha contra un bloque de 26 gobernadores republicanos que afirman que Obama extralimitó sus funciones con sus decretos y lograron que Hanen frenara las órdenes del presidente.

Demasiados años en la clandestinidad

Al igual que Jonathan González y Martha Cruz, el matrimonio de Baudilio Rosas y Sandra Posadas, de Guatemala y Honduras respectivamente, se suma a ese mar de náufragos que intentan encontrar la tabla de salvación de las órdenes ejecutivas firmadas por Obama el pasado mes de noviembre.

"Han sido demasiados años en la sombras. Demasiado tiempo en la angustia. Sin saber qué va a ser de ti y tu familia el día de mañana", asegura Sandra Posadas, una mujer que reza todos los días para que no la separen de su esposo y sus tres hijos.

Desde hace más de 17 años, ambos han experimentado la sensación de vivir en ese mundo de clandestinidad. Sin una fuente de trabajo segura, en un mundo hostil marcado por el racismo y la exclusión y con una descendencia que no conoce otro país más que Estados Unidos.

"Mi esposo es jornalero. A veces tiene trabajo. A veces no. Yo tengo que cuidar de los niños. Conseguirles comida, ropa. Vivir con otros inmigrantes para poder pagar la renta. Esa es nuestra vida. Dura, incierta. Pero la opción del regreso a Guatemala o a Honduras es peor. La violencia, la pobreza está hoy peor que antes", razona Sandra mientras contempla a sus hijos.

"Sabemos incluso que jamás nos van a aceptar como iguales. Pero, al menos, nuestros hijos tendrán más oportunidades en este que es su país", concluye Sandra mientras alberga la esperanza de que el presidente Obama gane el pulso frente a esa coalición de 26 gobernadores republicanos que se han empeñado en ir contra la corriente de la historia y el destino de 11 millones de indocumentados que lo único que desean es una oportunidad.