Curitiba, Brasil.— El secretario de Finanzas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Joao Vaccari Neto, dejó ayer el cargo tras ser arrestado por sus presuntas vinculaciones con el escándalo de desvíos de fondos en la petrolera estatal Petrobras.

El anuncio fue hecho por el presidente del partido, Rui Falcao, quien a través de un comunicado explicó que Vaccari pidió el alejamiento del cargo por “cuestiones de orden práctico y legal” y calificó la prisión como “innecesaria” e “injustificada”.

El partido de la presidenta Dilma Rousseff reafirmó además su “confianza en la inocencia” de Vaccari y recordó que “todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. Vaccari es sospechoso de haber mediado entre el partido y la red que desvió millonarios fondos de la estatal. Además se presume que participó en maniobras ilícitas en la Cooperativa de Vivienda de los Bancarios de Sao Paulo (Bancoop).

Las sospechas de haber recibido recursos ilegales para las finanzas del partido podrían salpicar a Rousseff, cuyas campañas electorales podrían haber sido alimentadas con recursos obtenidos en forma ilícita. Vaccari ya fue procesado por el caso Petrobras, en el que se presume está involucrado desde 2004, pero hasta ayer respondía al proceso en libertad.

El procurador del Ministerio Público (Fiscalía) Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que los nexos de Vaccari con la trama en la petrolera son tan fuertes como los del cambista Alberto Youssef, que está preso hace un año y es señalado como uno de los principales articuladores del esquema. El juez Moro responsabiliza a Vaccari, por ejemplo, de haber ordenado que parte de los sobornos que pagaban las empresas socias de Petrobras a cambio de mantener sus contratos con el ente, y que le correspondían al PT, fueran transferidos a una gráfica con sede en Sao Paulo, por servicios ficticios. El valor de esas transferencias puede llegar al equivalente a 800 mil dólares.

El panorama no es muy halagador para Rousseff. Ayer mismo, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) aprobó un informe que considera delito de responsabilidad fiscal las maniobras realizadas por el Tesoro para “maquillar” el déficit del gobierno en 2014, lo que daría argumentos a quienes pretenden abrir un juicio político contra la presidenta.

Además, los sindicatos de Brasil y movimientos sociales marcharon en varias ciudades de 24 de los 27 estados del país contra la polémica ley de tercerización del trabajo, que hasta ahora, era un fenómeno limitado. Agencias