Brasilia.— El gobierno brasileño reconoce el derecho del pueblo a protestar, pero no acepta una “tercera ronda electoral” para anular el resultado de las urnas de octubre, que le dieron un segundo mandato a la presidenta Dilma Rousseff, advirtió ayer el ministro del Gabinete Civil de la Presidencia, Aloísio Mercadante.

“En Brasil (los comicios presidenciales) sólo tienen dos vueltas. No hay tercera vuelta”, dijo Mercadante, al comentar las manifestaciones de repudio a Rousseff registradas en varias ciudades brasileñas el domingo en la noche, cuando la mandataria pronunciaba un discurso a la nación en cadena de radio y televisión.

“Preocupa el hecho de que las últimas elecciones fueron muy polarizadas, con momentos de radicalización, y nosotros necesitamos construir una cultura de tolerancia, diálogo, respeto”, declaró el funcionario.

La entrevista de Mercadante fue el primer comentario oficial del gobierno sobre los incidentes de la noche del domingo, cuando el discurso de Rousseff en el marco del Día Internacional de la Mujer fue recibido con “cacerolazos”, silbatinas y otras manifestaciones de repudio en Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Goiania, Maceió, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo y Vitória.

En la mayoría de los casos, los actos de hostilidad ocurrieron en barrios de las clases media y alta, lo que hizo que el vicepresidente del PT, Alberto Cantalice, denunciara que la protesta habría sido organizada por partidos de oposición al gobierno.

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso se pronunció en contra de un eventual proceso de destitución de Rousseff, pero declaró que “se agotó el presidencialismo de coalición, que en realidad es el presidencialismo de cooptación”.

El domingo, Rousseff defendió el ajuste fiscal de su gobierno para recomponer el deterioro económico, y que prevé un aumento de impuestos y reducción de algunos beneficios fiscales y laborales. Además de los problemas económicos, Rousseff enfrenta una crisis política por el escándalo de corrupción en Petrobras, que el viernes llevó a la apertura de investigaciones a 47 políticos, casi todos oficialistas.

Ayer Rousseff promulgó una ley que aumenta las sanciones contra los asesinatos de mujeres por violencia doméstica y los tipifica como feminicidios. Agencias