Parece engañoso que las sanciones aplicadas por Washington en contra de altos funcionarios venezolanos se basen en una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior” de Estados Unidos. En efecto, el encarcelamiento de opositores, las carencias de víveres y el hostigamiento contra quienes se manifiestan contra el gobierno de Nicolás Maduro, difícilmente ponen en riesgo la seguridad estadounidense. Sin embargo, la administración Obama utilizó este lenguaje para apegarse a la Ley de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, aprobada por el Congreso norteamericano en diciembre pasado.

¿Por qué está actuando ahora Estados Unidos? ¿Por qué no emitió este tipo de medidas el año pasado, cuando las manifestaciones fueron aplacadas de forma más sangrienta y se apresó al líder opositor Leopoldo López? El cálculo de Washington, con la frialdad que les caracteriza, tiene mayor sentido en estos momentos. Venezuela está sufriendo el doble impacto de un manejo torpe e ideologizado de la economía y la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo, de los cuales dependen en más de 90% sus exportaciones.

Las manifestaciones callejeras —que allá llaman guarimbas— no sólo obedecen a razones políticas o de defensa de los derechos humanos; se están gestando en las largas filas de personas que esperan comprar artículos de primera necesidad. La segunda razón que debe estar considerando Washington es el acercamiento diplomático que han iniciado Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Raúl Castro le está apostando más fuerte a una normalización de sus relaciones con Washington que a los vínculos con Caracas. Y esto también tiene que ver con el cálculo cubano —igual de frío— de que Venezuela no podrá seguir siendo un sostén económico de la isla mientras el petróleo se encuentre en niveles tan bajos. Maduro sabe que sin el apoyo y el consejo de los cubanos, difícilmente podrá maniobrar la complejidad actual de Venezuela.

El tercer elemento que debe estar considerando Washington es más subjetivo, menos frío si se quiere, pero quizá más poderoso políticamente: ante el hostigamiento creciente a cualquier forma de oposición en Venezuela, ningún gobierno se ha atrevido a condenarlo, siquiera a mostrar preocupación. El último gobierno de Panamá lo hizo, en boca de su presidente, y el resto de América Latina lo dejó solo, como si solamente los panameños pudieran interpretar el drama político que vive la nación bolivariana.

En verdad es curioso, por decirlo de manera suave, que ningún país latinoamericano se pronuncie sobre la explosiva situación venezolana. Durante el gobierno de Maduro se ha acentuado la polarización política: los puentes de diálogo están rotos y el futuro de ese país se dirime en las calles.

En ese contexto, las sanciones impuestas por Estados Unidos serán leídas en Caracas de manera exactamente opuesta: los chavistas dirán que son evidencia de que la mano del imperialismo busca derrocar al gobierno y los opositores verán a Estados Unidos como el único país que se ha atrevido a dar el paso de denunciar y condenar a un gobierno que cubre su desconcierto con más autoritarismo. La gran perdedora a estas alturas del partido es la diplomacia de las naciones latinoamericanas, que han preferido el silencio a proponer cualquier fórmula de solución que pueda interpretar como crítica el gobierno de Maduro.

Internacionalista