Buenos Aires.— El fiscal Gerardo Pollicita decidió no dejar inconclusa la tarea de su fallecido colega, Alberto Nisman, y solicitó ayer la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios del gobierno a partir de la denuncia que Nisman hiciera por presunto encubrimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, en 1994.

Junto con la mandataria fueron imputados el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y los piqueteros Luis D’Elia y Fernando Esteche, entre otros. De esa manera, la presidenta deberá comparecer ante la Justicia. Más precisamente en el Juzgado de Daniel Rafecas, que deberá aceptar o rechazar la acusación.

El juez Rafecas está de vacaciones y podría adelantar su regreso para el miércoles, el primer día hábil en el país de la próxima semana, por el carnaval del lunes y martes.

Analistas interpretaron las imputaciones como “un paso lógico”, después de la muerte de Nisman en condiciones sospechosas. El fiscal fue hallado muerto, por un balazo en la cabeza disparado a corta distancia, en el baño de su departamento, un día antes de comparecer para explicar la denuncia que días antes había presentado y, según la cual, los citados funcionarios encubrieron a los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.

Nisman había aportado pruebas documentales que incluyen las escuchas telefónicas de D’Elia con agentes iraníes, donde se avanza en la firma de un acuerdo que buscaba retirar las alertas rojas de Interpol contra los funcionarios iraníes, acusados de ser los autores materiales del atentado.

Pollicita acusó a la presidenta y a sus colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado”, según la presentación difundida ayer en la página web de la fiscalía argentina. El fiscal consideró que las acciones del gobierno “podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según la solicitud ante el juez Rafecas, “para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero —en los hechos— se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias” a ese acuerdo. “Se articularon puestas en escena para mostrar falsos avances diplomáticos ante la sociedad argentina”, señaló la presentación del fiscal.

Según Pollicitas, el gobierno habría contado “con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo”.

El gobierno de Cristina alega que los supuestos beneficios derivados del presunto encubrimiento nunca se concretaron y que la muerte de Nisman forma parte de un complot contra el gobierno orquestado por los servicios de espionaje que disolvió.

Ayer mismo, horas antes de que se diera a conocer la solicitud de imputación, la Procuración del Tesoro se presentó en nombre del Estado para deslindar responsabilidades de la presidenta. En el escrito argumentó que “no existe prueba alguna, siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles” a la mandataria que puedan constituir “ilícitos penales”.

La diputada centrista Margarita Stolbizer afirmó que la acción de Pollicita es “un derrotero lógico de la denuncia de Nisman. No hay que ver cuestiones políticas sino judiciales. El caso es de suma gravedad para que la Justicia no lo investigue”. Ello, luego de que algunos analistas pusieran el acento en la pelea entre los fiscales y el gobierno por la marcha de silencio convocada para el próximo 18 de febrero en reclamo del esclarecimiento del caso Nisman, y en la que se espera dispare mucha tensión.

El jueves, la mandataria había dicho que “a ellos le dejamos el silencio, que es lo que siempre les gustó y nosotros nos quedamos con la alegría”, cuando se refirió a los fiscales y a la marcha, a la que también acudirá Pollicita.

La presidenta viajó ayer al Calafate, donde permanecerá hasta después de la marcha. Mientras, la causa por la muerte de Nisman sigue su curso. La fiscal Viviana Fein volvió a allanar el departamento donde fue hallado el cuerpo del fiscal el 18 de enero. Con información de EFE