Buenos Aires.- La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, diputados y dirigentes oficialistas fueron denunciados ayer por el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, por "negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura de la mutual judía" en junio de 1994 que dejó 85 muertos.

Nisman acusó a la mandataria "y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes" en la causa de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). "La presidente y su canciller tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos" argentinos.

Nisman pidió el embargo de bienes de la mandataria por 200 millones de pesos (unos 24.5 millones de dólares) en la denuncia, presentada ante el juez Ariel Lijo, el mismo que tiene procesado al vicepresidente Amado Boudou por cohecho y tráfico de influencias.

Nisman pidió la indagatoria de la jefa de Estado, del canciller, del diputado Andrés Larroque, líder de la agrupación La Cámpora, y del piquetero Luis D'Elia, quienes habrían oficiado como nexos con miembros del gobierno iraní para cambiar las acusaciones contra el ex agregado cultural en Buenos Aires, Mohsen Rabbani.

Las pruebas son grabaciones de diálogos telefónicos entre D'Elia y Larroque con funcionarios iraníes que revelan un acercamiento geopolítico para intercambiar petróleo por granos. Las negociaciones se habrían realizado antes de la firma del memorándum con Teherán, en enero de 2012.