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Estados Unidos difunde guía sobre migrantes

El Universal
Jueves 29 de enero de 2015
Estados Unidos difunde gua sobre migrantes

COMPARECENCIA. La nominada a fiscal general de EU, Loretta Lynch, durante su audiencia ante el Comité Judicial del Senado, ayer en el Capitolio. De ser aprobada, será la primera mujer afroestadounidense en el cargo. (Foto: SUSAN WALSH / AP )

Verificarán quiénes pueden acogerse a plan para evitar deportaciones. Buscan centrar recursos en los indocumentados peligrosos

Washington.— El gobierno de Barack Obama ha ordenado a los agentes de inmigración que pregunten a quienes se encuentren residiendo en el país sin autorización si cumplen con los requisitos de la nueva ley del presidente para evitar su deportación, según material de instrucción interna a la que tuvo acceso The Associated Press.

Los agentes tienen también orden de revisar documentos gubernamentales para identificar a cualquier inmigrante encarcelado que podría quedar en libertad con la entrada en vigor del programa.

Las directivas del Departamento de Seguridad Nacional suponen un cambio en las leyes migratorias estadounidenses, obligando al gobierno a identificar a los inmigrantes que podrían aspirar a los beneficios de la propuesta presidencial. Antes correspondía a los inmigrantes o sus abogados demostrar que cumplían los requisitos necesarios para evitar la cárcel y quedarse en el país. Es como si la agencia tributaria llamara a los contribuyentes para recomendarles la utilización de ciertas exenciones o deducciones.

El material de instrucción estaba dirigido a agentes del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). Instruye a los agentes para que “comiencen inmediatamente a identificar a personas bajo su custodia, así como a otros que encuentren por primera vez” que pudiesen ser candidatos a evitar la deportación.

Un documento formativo incluye posibles encuentros entre agentes y migrantes con una guía sobre cómo deben proceder los agentes, incluyendo una lista de preguntas para determinar si los migrantes podrían acogerse al plan del presidente.

Obama anunció en noviembre un plan para permitir que unos cuatro millones de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes puedan solicitar un permiso para quedarse en el país por más de tres años y conseguir un permiso de trabajo.

El comisionado del CBP, Gil Kerlikowske, dijo que al formular preguntas acerca de si un inmigrante llena los requisitos ahorra tiempo y dinero y “nos permite usar nuestros recursos, particularmente la Patrulla Fronteriza, para la gente que va a estar al mayor nivel”.

Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, Carlos Díaz, dijo que los migrantes sorprendidos entrando al país ilegalmente seguían siendo la principal prioridad de la agencia, pero que esta guía permite “emplear adecuadamente” el tiempo y los recursos.

Fiscal, contra ciudadanía

Ayer mismo, Loretta Lynch, nominada por Obama para ser la nueva fiscal general de EU, defendió la decisión del mandatario de dar alivio migratorio a los indocumentados.

Lynch compareció ante el Comité Judicial del Senado para tratar de convencer a los senadores de que ella es la persona indicada para sustituir a Eric Holder en el puesto.

La funcionaria defendió que el Departamento de Seguridad Nacional “dé prioridad a la deportación de los inmigrantes indocumentados más peligrosos, los que tienen antecedentes criminales y aquellos que están involucrados en terrorismo, actividades de pandillas o crímenes violentos”. Pero se mostró contraría a dar una vía a la ciudadanía a los indocumentados que vean regularizada su situación migratoria. “La ciudadanía es un privilegio”, dijo, y para lograrla, añadió, hay que nacer en Estados Unidos o “ganársela”.

En Texas, un grupo de 33 alcaldes de algunas de las mayores ciudades de Estados Unidos solicitaron a una corte federal permitir la implementación de las medidas de alivio migratorio ordenadas por Obama. Los ediles alegaron que impedir de manera temporal dichas medidas “sería fuertemente contraria al interés público”. Agencias



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