Washington.— Estados Unidos acusó ayer al gobierno venezolano de Nicolás Maduro de apostar por la intimidación y criminalización de líderes políticos de la oposición con falsas y absurdas acusaciones de complot para distraer al pueblo de los verdaderos problemas económicos y sociales en Veuezuela.

De igual forma, la Casa Blanca confirmó que la administración del presidente Barack Obama, está considerando la implementación de “herramientas adicionales” en Venezuela para que este país avance en la dirección correcta y se evite un escenario que apuesta por la inestabilidad constante, la intimidación y el encarcelamiento de una larga serie de líderes de la oposición.

“El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están controlando de cerca esta situación y consideran herramientas que puedan estar disponibles que encausen al gobierno de Venezuela en la dirección hacia la que ellos creen que debería dirigirse”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

A su vez, desde el Departamento de Estado, su portavoz, Jean Psaki, insistió en que los continuos alegatos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra Estados Unidos, son falsos. “Nosotros no promovemos protestas en Venezuela, ni estamos tratando de minar su gobierno o su economía”, añadió Psaki al insistir en que Estados Unidos considera que las transiciones políticas, independientemente del país, “deben ser democráticas, pacíficas, constitucionales y legales”.

“Venezuela no puede resolver sus problemas criminalizando a la disidencia”, insistió Psaki en alusión a la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, así como a los supuestos planes para el inminente traslado del líder de la oposición, Leopoldo López, hacia una nueva locación desconocida.

Roberta Jacobson, secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se mostró preocupada “por lo que parece ser una escalada de intimidación de la oposición de parte del gobierno de Venezuela”.

En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano consideró ayer que la ley aprobada en EU para sancionar a funcionarios del país caribeño a los que Washington considera violadores de derechos humanos “no tiene jurisdicción alguna” en Venezuela. A fines de 2014 el presidente de EU, Barack Obama, aprobó la conocida como Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, texto en el que se incluía la congelación de activos en el país norteamericano y la prohibición de emitir visados a un grupo de funcionarios venezolanos. Con información de agencias