Brasilia.— Un nuevo escándalo de corrupción sacude a Brasil y superaría con creces las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras. De acuerdo con información difundida el sábado por la revista Veja, Erenice Guerra, ex asesora de la presidenta Dilma Rousseff, será investigada por su presunta participación en una trama de pago de sobornos a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales del Ministerio de Hacienda.

Guerra fue jefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Luis Inacio Lula da Silva, al sustituir en ese cargo a la actual mandataria, cuando ésta lo dejó para dedicarse a la campaña.

De comprobarse la vinculación de Guerra con este último caso de corrupción, que podría haber ocasionado pérdidas estimadas en 6 mil millones de dólares al fisco, sería la cuarta “primer ministra” de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en verse directamente implicada en los tres de los mayores escándalos de corrupción que vive el país desde la restitución democrática, en 1985.

Desde que el partido de izquierda asumió el poder en Brasil, en 2003, seis políticos ocuparon ese importante puesto. Además de Rousseff y Guerra, lo hicieron el histórico dirigente del PT, José Dirceu, el ex ministro de Hacienda de Lula, Antonio Palocci, la también ex primera ministra de Rousseff, Gleisi Hoffmann, y el actual jefe de Gabinete, Aloízio Mercadante. Dirceu está preso por haber coordinado la red de pago de sobornos a legisladores durante el primer gobierno de Lula, conocido como escándalo del mensalao. Palocci tuvo que abandonar el cargo de ministro de Hacienda en medio de denuncias de corrupción, y más tarde el de jefe del Gabinete Civil, acusado de enriquecimiento ilícito.

Hoffman integra la lista de sospechosos de participar en los desvíos de fondos de Petrobras.

La sospecha es que Guerra integró una red que operó años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda. La acción del grupo era sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan las multas por evasión fiscal impuestas por la Recaudadora Federal a grandes contribuyentes. DPA