Caracas.— El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido esta semana y enviado a una prisión militar en las afueras de la capital venezolana acusado de generar violencia contra el gobierno, apelará los cargos porque “son realmente infundados”, dijo ayer su abogado.

Ledezma, un férreo crítico del presidente Nicolás Maduro y veterano político de 59 años, fue detenido el jueves por oficiales armados del servicio de inteligencia. El viernes fue imputado oficialmente de supuesta conspiración contra Maduro y se le mantiene recluido en la prisión militar de Ramo Verde.

En esa prisión también está detenido hace un año el líder opositor Leopoldo López, enfrentando cargos similares.

Opositores dicen que las múltiples denuncias de magnicidio y golpes de Estado que ha hecho el gobierno contra sus opositores buscan desviar la atención ante la acuciante escasez, inflación y recesión económica en Venezuela.

Sin embargo, en una conversación telefónica con Reuters, el abogado defensor del alcalde caraqueño, Omar Estacio, dijo que confiaba en el sistema de justicia venezolano y que el lunes o martes presentará una apelación.

“Nosotros vamos a hacer un recurso de apelación contra la decisión del juez”, dijo Estacio. “Estos cargos son realmente infundados”, agregó.

Funcionarios del gobierno venezolano han dicho que un documento público firmado por Ledezma y por otros líderes de la oposición en el que llamaban a una transición, era una clave que “activaría el golpe”.

Ayer mismo, el mandatario insistió, vía Twitter, en que su gobierno “está derrotando un golpe apoyado y promovido desde el norte. La agresión del poder desde Estados Unidos es total y diaria”.

Pero el diputado Julio Borges, jefe del opositor partido Primero Justicia (PJ), subrayó que la oposición defiende la vía democrática del voto. “El único camino para salir de la crisis es el voto de los venezolanos”. Un golpe de Estado, añadió Borges, señalado junto a Ledezma como autor intelectual del supuesto intento golpista, “no es el camino para solucionar los problemas del país”. Además de ellos dos, el gobierno acusa como autores intelectuales del supuesto complot al ex embajador de Venezuela en la ONU Diego Arria y la ex diputada María Corina Machado.

En este contexto, y en su calidad de presidente pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Uruguay gestiona una visita de la comisión de cancilleres a Venezuela para evaluar la evolución de los hechos en el país, se anunció ayer en un comunicado. El gobierno uruguayo está realizando “las gestiones necesarias” para que la comisión integrada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador viaje a la brevedad a Caracas para reunirse con Maduro, de acuerdo a la invitación que éste realizara en una reunión en Montevideo el 9 de febrero. Agencias