La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó hoy a los gobiernos de América a redoblar sus esfuerzos para prevenir el fenómeno de la desaparición forzada de personas y ratificar las convenciones internacionales en la materia.

Al presentar en la capital estadounidense el informe sobre Derecho de la Verdad, la CIDH expuso que acciones como éstas ayudarán a fortalecer los esfuerzos para aclarar violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.

En especial ayudarán en casos registrados durante dictaduras militares y a brindar justicia a las víctimas, indicó la CIDH en su informe, que caracterizó como "una base de reflexión y diálogo" en la material.

Destacó que debido a la historia de la región, muchos países han sido pioneros en la adopción de mecanismos destinados a enfrentar las situaciones "de graves, masivas y sistemáticas" violaciones.

"Sin embargo, todavía resulta necesario dar pasos decididos para resolver estas situaciones y crear los mecanismos necesarios a fin de reparar integralmente a las víctimas y fortalecer el Estado de derecho", apuntó el documento.

La Comisión, por medio de sus distintos mecanismos, recopiló información de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos registrados durante las dictaduras militares.

El informe destacó que en tales periodos era una constante fenómenos como las desapariciones forzadas, la aplicación de la jurisdicción penal militar y de leyes de amnistía con el propósito de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos.

"También hubo, y en muchos casos se perpetuó, un patrón común en cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo sucedido. El ocultamiento de la información fue en algunos países una política deliberada del Estado e incluso una estrategia de guerra" , precisó.

En ese contexto, el informe analizó las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos.

El informe hizo referencia específica a los avances y los desafíos que en este ámbito enfrentan Argentina, Brasil, Colombia, México, Honduras, Haiti, Perú, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Chile, Guatemala y Estados Unidos.

En el caso de desapariciones forzadas, el informe destacó la obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar restos exhumados y entregarlos a sus familiares.

Enfatizó que los países no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil o militar de la víctima ni del o de los acusados.

El informe resaltó la absoluta incompatibilidad de las leyes de amnistía con el derecho internacional de los derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de adopción.

Consideró que todas las instituciones estatales tienen el deber de aportar la documentación de cualquier tipo, incluyendo archivos militares o documentos clasificados como "secretos" , o bajo cualquier otra denominación que restrinja su circulación, a fin de contribuir con las investigaciones que se realicen por este tipo de graves violaciones.

La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, dijo que las democracias de hoy tienen la gran responsabilidad de garantizar que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictaduras, gobiernos autoritarios y conflictos armados del pasado, tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

"Pero no son sólo las víctimas y sus familiares quienes tienen derecho a la verdad, sino también la sociedad como un todo" , indicó.

"Cuando el Estado garantiza el derecho a la verdad, que incluye el derecho al esclarecimiento de los hechos y también a la justicia y a la reparación, esto funciona como una garantía de no repetición" , agregó.

Robinson advirtió que la impunidad propicia la repetición de las violaciones, mientras que "el ejercicio del Derecho a la Verdad la previene" .

El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, destacó que el informe no solo es una recopilación de hechos del pasado, "sino que es una contribución al presente, para coadyuvar desde nuestro lugar y nuestro mandato a que las democracias de hoy puedan avanzar en saldar la deuda pendiente, y es una contribución al futuro también".

ahd