El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue trasladado hoy ante los jueces tras unas 15 horas de declaración en las que la policía judicial le interrogó en calidad de detenido en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y violación de secreto de instrucción.

El expresidente había llegado a primera hora de la mañana, en un coche con los cristales tintados y acompañado por la policía, a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París.

Tras pasar el día explicándose ante la policía, ahora serán los jueces quienes decidan si existen elementos suficientes para imputar alguno de esos delitos al político conservador, primer expresidente de Francia sometido a una declaración en calidad de detenido.

Thierry Herzog, su abogado, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, han declarado con el mismo estatuto desde ayer. Poco antes de que Sarkozy abandonara el lugar de su declaración, a las afueras de París, fueron imputados por tráfico de influencias.

El político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 presta testimonio con acceso a asistencia letrada -a la que ha renunciado- por presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción de otros casos abiertos contra él.

Sarkozy, abogado de profesión, puede permanecer hasta 48 horas bajo la jurisdicción de la policía judicial, plazo en el que puede ser declarado imputado por alguno de los citados delitos, colocado como simple testigo o con estatuto de "testigo asistido", una figura jurídica que se sitúa entre las dos anteriores.

La justicia quiere determinar si el exjefe de Estado y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político, como la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial por parte del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.

La decisión judicial es particularmente delicada porque los allegados de Sarkozy y el propio expresidente han ido preparando el terreno de su regreso a la política con las elecciones de 2017 a la vista.

De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros.